El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) analizará este miércoles 23 de abril el persistente desacato del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en una sesión que pone nuevamente en el centro del debate internacional la grave crisis de derechos humanos que persiste en Nicaragua.
El tema fue incorporado en la agenda a solicitud de las misiones permanentes de Chile y Canadá, que actúan como cofacilitadores del nuevo Grupo Voluntario para el Seguimiento de la Situación en Nicaragua, creado el pasado 3 de abril de 2024 tras la disolución del Grupo de Trabajo anterior.
La presidenta de la Corte IDH, la jueza Nancy Hernández López, será la encargada de exponer la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los beneficiarios de medidas provisionales, especialmente en casos como el de Juan Sebastián Chamorro y otros presos políticos.
Pese a haber oficializado su salida de la OEA el 18 de noviembre de 2023, el régimen Ortega Murillo continúa siendo monitoreado por el organismo continental debido a las múltiples violaciones a los compromisos adquiridos como firmante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Nicaragua fue declarada en desacato permanente en noviembre de 2022 por no cumplir las órdenes de liberación de presos políticos dictadas por la Corte IDH, ni tampoco garantizar la seguridad de líderes sociales y religiosos bajo su custodia.
Desde agosto de 2021, el Estado nicaragüense se ha ausentado sistemáticamente de las audiencias convocadas por la Corte. En su resolución del 29 de noviembre de 2022, el tribunal denunció que “subsiste un desacato prolongado por parte del Estado que pone en una situación cada vez más vulnerable a los beneficiarios de las medidas provisionales e implica un incremento en la situación de riesgo”.
Según el artículo 68 del Pacto de San José —instrumento jurídicamente vinculante— los Estados parte están obligados a acatar las decisiones del tribunal interamericano, algo que Managua ha ignorado abiertamente.
En un gesto sin precedentes, el 23 de abril de 2022, Nicaragua se tomó por la fuerza las oficinas de la OEA en Managua, las declaró “inhabilitadas” y confiscó sus bienes, en lo que fue denunciado internacionalmente como un acto de violación a la inmunidad diplomática de la organización.
Dos años después, sin relaciones diplomáticas activas y bajo un régimen autoritario, Nicaragua sigue siendo objeto de seguimiento y presión internacional dentro de la OEA.
La creación del nuevo Grupo Voluntario para Nicaragua, promovido por Chile y Canadá, es una respuesta al cierre del Grupo de Trabajo original creado el 2 de agosto de 2018 mediante la resolución CP/RES. 1109.
Aquel grupo fue bloqueado desde el inicio por el régimen, que le negó el ingreso al país y lo acusó de injerencismo, rechazando toda posibilidad de cooperación o diálogo con los países miembros del hemisferio.
El nuevo secretario general de la OEA, Albert Ramdin, quien asumirá oficialmente el cargo el 25 de mayo tras su elección por aclamación, declaró recientemente que “Nicaragua no es miembro de la OEA, pero sigue siendo importante monitorear los desarrollos en el país”.
En declaraciones a la prensa, Ramdin fue claro al afirmar que no existen canales de comunicación abiertos con el régimen Ortega Murillo y que cualquier contacto dependerá del consenso entre los Estados miembros.
A pesar de la salida formal de Nicaragua del organismo, la OEA insiste en que el seguimiento a las violaciones de derechos humanos en el país sigue siendo prioritario.
“La situación no ha mejorado, y los beneficiarios de medidas provisionales siguen en peligro”, señalan fuentes diplomáticas, en referencia al deterioro de las condiciones en cárceles, el hostigamiento a familiares y la persecución contra la Iglesia católica, medios de comunicación y defensores de derechos humanos.
Con esta nueva sesión, la OEA busca mantener viva la atención internacional sobre la situación nicaragüense y enviar un mensaje claro de respaldo a las víctimas de la represión estatal.
El papel de la Corte IDH y el compromiso de países como Canadá y Chile reafirman que, aunque el régimen de Ortega y Murillo haya intentado aislarse institucionalmente, su responsabilidad ante el sistema interamericano de derechos humanos sigue siendo exigida.
