Los desplazamientos diarios de las mujeres en América Latina siguen marcados por la desigualdad. Un estudio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) revela que ellas invierten hasta un 30 % más de tiempo que los hombres para llegar a sus destinos, principalmente por los llamados “viajes del cuidado” y la precariedad del transporte público en la región.
En ciudades como Caracas, Tegucigalpa o Guatemala, los trayectos cotidianos de las mujeres son más extensos y fragmentados. Esto ocurre porque combinan múltiples transbordos para cumplir con tareas laborales, domésticas y de cuidado. La falta de transporte seguro y eficiente agrava esta situación, exponiéndolas a mayores riesgos de acoso y violencia en el espacio público.
Según CAF, los recorridos de las mujeres no siguen el modelo tradicional casa-trabajo-casa, sino que forman trayectos “poligonales”, donde cada parada responde a distintas responsabilidades. Esta dinámica no solo aumenta el tiempo en desplazamientos, sino también el costo económico y emocional.
De acuerdo con el estudio “Ellas se mueven seguras” de la CAF, en varias ciudades de la región más del 20 % de la población vive a más de 10 minutos de una parada de transporte público formal. Esta situación limita la movilidad y el acceso a oportunidades laborales. Ante esa brecha, muchas mujeres optan por rutas informales o múltiples transbordos. Esto eleva el costo y la duración de los trayectos diarios.
Además, el informe destaca que el 75 % de los viajes diarios que realizan las mujeres están vinculados al cuidado: llevar o recoger hijos, atender a familiares mayores, hacer compras o trámites. Esta multiplicidad de paradas y horarios fragmentados hace que sus desplazamientos sean menos directos y más costosos. Esto afecta principalmente a las mujeres de menores ingresos, que suelen depender del transporte público o informal.
En América Central, los sistemas de transporte urbano presentan deficiencias comunes: largas distancias entre paradas, escasa iluminación, unidades sobrecargadas y tarifas poco accesibles. En ciudades como San Salvador o Managua, muchas mujeres dependen del transporte informal. Esto incrementa la vulnerabilidad ante la inseguridad.
En El Salvador y Guatemala, por ejemplo, muchas mujeres combinan transporte formal e informal, microbuses, rutas colectivas y mototaxis para completar sus trayectos poligonales. Esta mezcla obliga a hacer más paradas y transbordos, lo que no solo incrementa el tiempo de desplazamiento, sino también el costo económico: muchas veces deben pagar tarifas dobles o complementarias.
En contextos donde los ingresos femeninos suelen estar por debajo de la media, ese sobrecosto termina siendo un freno real para acceder a empleos dignos.
En Costa Rica, Honduras y Nicaragua, las deficiencias estructurales del transporte urbano agravan las desigualdades de género. Las rutas oficiales no cubren sectores periféricos donde viven muchas mujeres; las paradas quedan lejos, mientras que la iluminación escasa y la inseguridad en las calles durante horas tempranas o nocturnas aumentan el temor al acoso o la violencia.
En Managua o Tegucigalpa, algunas mujeres reportan evitar cambiar de bus o hacer caminatas entre paradas para no exponerse. Estas restricciones no son anecdóticas: muestran cómo la movilidad urbana, cuando carece de perspectiva de género, termina limitando no solo el tiempo sino la libertad de moverse para muchas mujeres centroamericanas.
Algunas urbes de la región han comenzado a aplicar políticas de movilidad con enfoque de género. Medellín, por ejemplo, incorporó los “viajes del cuidado” en su planificación urbana. Mientras tanto, Ciudad de México y Buenos Aires impulsan programas contra el acoso en buses y metro.
El Banco Mundial también promueve rutas escolares seguras y subsidios para mujeres de bajos ingresos. Además, fomenta la contratación femenina en el sector transporte. Sin embargo, la implementación de estas medidas sigue siendo desigual en el continente.
El Banco Interamericano de Desarrollo desarrolló un “índice de caminabilidad sensible al género”, una herramienta para evaluar aceras, iluminación y seguridad vial según las experiencias de mujeres y niñas. Este tipo de políticas buscan garantizar el derecho a moverse de forma segura y accesible en las ciudades latinoamericanas.
