El Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala ordenó este martes al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG) restablecer las clases en un plazo de 48 horas, luego de declarar con lugar un amparo interpuesto por el Ministerio de Educación (Mineduc) por la suspensión prolongada de actividades escolares.
En su fallo, el tribunal advirtió que el incumplimiento de esta orden acarreará multas de hasta Q4,000 (unos $520) para cada integrante de la dirigencia sindical, y podrían presentarse cargos por desobediencia ante el Ministerio Público.
El Mineduc denunció que la convocatoria a una “asamblea permanente”, impulsada por el STEG, vulnera el derecho constitucional a la educación. El juzgado reconoció el derecho del sindicato a realizar asambleas ordinarias y extraordinarias, pero limitadas a dos por año, conforme al artículo 17 del Pacto Colectivo, y siempre que no interrumpan el servicio educativo.
La sentencia exige al Comité Ejecutivo Nacional del STEG notificar por escrito a todas las escuelas públicas la cancelación de la asamblea permanente. Dicha notificación deberá ser entregada de forma comprobable y enviada al expediente judicial.
El Ministerio de Educación informó que coordinará con las Direcciones Departamentales de Educación para verificar el regreso a clases tras el receso de medio año. Además, pidió a padres de familia y estudiantes reportar cualquier intento de prolongar la suspensión llamando al 1503 o en el sitio web oficial www.mineduc.gob.gt.
El viceministro Francisco Cabrera confirmó que ya se iniciaron más de 6,500 procesos disciplinarios contra docentes por incumplimiento de funciones. Estas acciones podrían derivar en descuentos salariales o despidos, dependiendo de la gravedad de cada caso. También se evalúa extender el ciclo escolar 2025 para recuperar los días perdidos.
Este es el tercer amparo emitido contra el STEG en lo que va del mes, tras fallos similares emitidos el 4 y el 18 de junio. A pesar de las resoluciones judiciales, el sindicato mantiene sus protestas, invocando su derecho a la libertad sindical.
El presidente Bernardo Arévalo y el Mineduc reiteraron su compromiso con el derecho a la educación, mientras las negociaciones del Pacto Colectivo continúan. Desde junio, el Gobierno oficializó un incremento salarial del 5 % y un bono de Q500 ($65) para los maestros, como parte del proceso de diálogo.
La interrupción de clases ha generado 2,511 denuncias por parte de padres de familia, lo que subraya la urgencia de garantizar la continuidad del aprendizaje sin interrupciones, conforme a los principios constitucionales.