La creciente confrontación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público en Guatemala sumó un nuevo capítulo, luego de que un juzgado penal citara alcuestionado jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, tras una querella presentada por el presidente Bernardo Arévalo, en un caso que ha despertado atención regional e internacional.
El Juzgado Séptimo Penal programó para este martes 27 de enero, a las 10:00 de la mañana (11:00 de Panamá), una audiencia para conocer las medidas de coerción solicitadas por el mandatario contra Curruchiche, confirmaron fuentes judiciales.
Curruchiche es el fiscal que dirige la Feci, una unidad clave dentro del Ministerio Público encargada de investigar casos de alto impacto. La querella fue presentada por Arévalo, en su calidad de ciudadano, por delitos como abuso de autoridad, tráfico de influencias, obstrucción de justicia y resoluciones contrarias a la Constitución.
La acción legal del presidente se produjo después de que el Ministerio Público impulsara el llamado caso Unops: Corrupción Presidencial, una investigación que señala supuestos actos irregulares en la compra de insumos médicos mediante un acuerdo millonario, hechos que el gobierno ha rechazado.
El caso fue asignado al Juzgado Séptimo Penal, donde uno de los jueces posibles es Fredy Orellana, magistrado cuestionado por el oficialismo debido a resoluciones previas contra el partido de gobierno, lo que ha generado dudas sobre la imparcialidad del proceso. Tanto Orellana como Curruchiche están sancionados internacionalmente, por actos que favorecen la corrupción y atentar contra la democracia.
Entre las medidas solicitadas por Arévalo figura una orden de arraigo que impediría al fiscal salir del país, así como el embargo de bienes inmuebles por un monto estimado de cuatro millones de quetzales, como posible reparación económica.
Curruchiche ha liderado varias investigaciones contra el actual gobierno y ha sido sancionado por la Unión Europea, junto a otras autoridades del Ministerio Público, por acciones consideradas antidemocráticas, en un contexto en el que Guatemala se acerca al proceso de renovación de su fiscal general en 2026, seguido de cerca por la comunidad internacional.
