La resolución de la Corte de Constitucionalidad fue confirmada por fuentes judiciales, que señalaron que las acciones legales planteadas por Dylan Smaily Archila García fueron rechazadas por estar “mal formuladas”. Archila cumple una condena por extorsión y fue identificado como miembro de la Mara Salvatrucha.
El recurso buscaba anular el decreto 11-2025, la Ley para el combate frontal de las actividades delictivas de las maras, aprobada por el Congreso en noviembre y publicada el 10 del mismo mes. La normativa endurece penas y clasifica a estas estructuras como organizaciones criminales transnacionales y terroristas.
La defensa alegó que la ley violaba principios constitucionales, como legalidad y certeza jurídica, y aseguró que el Congreso no siguió los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Sin embargo, la CC mantuvo firme la vigencia de la norma.
Archila García fue condenado en abril del 2023 a seis años de prisión inconmutables por extorsión. El Ministerio Público recordó que el caso incluyó pruebas testimoniales y la captura en flagrancia de tres personas, entre ellas el ahora recurrente.
Según la Fiscalía, la víctima fue presionada desde junio del 2022, cuando recibió un celular en su negocio bajo amenazas. A través de ese aparato, un hombre que dijo ser de la Mara Salvatrucha le exigió Q4,000 (aprox. USD 510) como pago inicial y Q400 (USD 51) semanales.
La víctima finalmente negoció la entrega de 3,000 quetzales ($383 dólares) y cuotas semanales de 350 quetzales ($45 dólares). Los responsables fueron detenidos cuando intentaron recoger el dinero, lo que permitió sostener la acusación que ahora sigue respaldada por la Corte.
