Dos brasileños ligados al caso de corrupción Odebrecht en Guatemala deberán comparecer personalmente ante la justicia el 1 de febrero próximo, luego que la Corte de Apelaciones les denegara un amparo provisional que habían solicitado.
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, anunció que Luiz Antonio Mameri y Marcos Cerqueira LIma Machado fueron beneficiados por el exjefe de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la exfiscal general, Thelma Aldana Hernández, el jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, el expresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana, Juan Pablo Carrasco de Groote y la jueza Marta Claudette Domínguez, por medio de la aprobación de convenios de colaboración eficaz.
Sin embargo, Aldana ha negado las acusaciones. “El trabajo que hicimos con Iván Velázquez y Cicig con Juan Francisco Sandoval y FECI fue honesto. Fiscales de Guatemala y expertos internacionales dieron su mejor esfuerzo. Nada podrá destruir nuestro legado. Demostraremos que es posible luchar contra la corrupción”,
“Entre las múltiples ilegalidades y arbitrariedades que anulan todo lo actuado y que avalaron los exfuncionarios de la Cicig y la jueza se encuentra un mandato especial con representación otorgado por la constructora Norberto Odebrecht Sociedad Anónima de fecha 1 de septiembre de 2017”, dijo Curruchiche en un video difundido este 23 de enero.
“El presente mandato no faculta a los mandatarios a representar al mandante ante los tribunales de justicia de Guatemala y por lo tanto bajo ninguna circunstancia deberá ser considerado como un mandato judicial”.
Agrega que este documento es el que utilizó la jueza para favorecer a los directivos de Odebrecht, “lo que pone al descubierto las acciones que ese confabularon para perjudicar al Estado de Guatemala”.
El 16 de enero pasado giraron órdenes de arresto contra Aldana, la exsecretaria general del Ministerio Público, Mayra Johana Véliz y el exjefe de la Cicig, Luis David Gaitán, en un caso de corrupción e impunidad.
Las órdenes de captura son por obstrucción de justicia.
