La justicia de Estados Unidos decidió mantener la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras y Nicaragua, una medida que afecta a decenas de miles de migrantes hondureños que viven legalmente en el país norteamericano.
La decisión fue tomada por un tribunal de apelaciones, que autorizó al gobierno estadounidense a avanzar con la cancelación del programa mientras continúan los procesos judiciales. El fallo se conoció poco después del encuentro entre los presidentes Nasry Asfura y Donald Trump, que había generado expectativas de alivio migratorio.
Según la corte, más de 80,000 personas, en su mayoría de Honduras, Nicaragua y Nepal, quedarían sin la protección que les permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. El tribunal consideró que el gobierno presentó argumentos suficientes para justificar el fin del beneficio.
En su resolución, los jueces señalaron que la administración estadounidense cumplió con los procedimientos legales y sostuvo que las condiciones en los países beneficiados habrían mejorado. Esta postura contradice fallos previos de tribunales inferiores que habían advertido posibles irregularidades.
El TPS es un mecanismo humanitario creado por la ley migratoria de Estados Unidos para proteger a ciudadanos de países afectados por desastres naturales o crisis graves. En el caso de Honduras, fue otorgado en 1999 tras el huracán Mitch y renovado de forma periódica desde entonces.
Aunque permitió a miles de hondureños establecerse y trabajar legalmente, el TPS nunca garantizó residencia permanente ni ciudadanía. Su continuidad dependía exclusivamente de renovaciones temporales decididas por el gobierno estadounidense.
Con la suspensión vigente, los beneficiarios quedarían expuestos, tras un periodo de gracia legal, a procesos de deportación o a la búsqueda de vías alternativas de regularización, opciones que suelen ser limitadas. La decisión vuelve a colocar la migración en el centro del debate bilateral y regional.
