No duraron 24 horas tras las rejas. Un hombre de apellidos Umaña Álvarez y su esposa, de apellidos Vargas Moreno, presuntos líderes de la banda Los Catanos, fueron liberados apenas 24 horas después de ser detenidos en un operativo espectacular en el sector La Mona de Golfito, Costa Rica.
Esta banda es señalada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de estar involucrada en tráfico internacional de drogas y lavado de dinero.
El expediente, denominado Caso Rayo, se desencadenó por presuntos delitos de legitimación de capitales, lo que llevó a la realización de siete allanamientos en el Pacífico Sur del país y en Grecia, Alajuela.
Según fuentes cercanas al caso, ambos individuos quedaron en libertad con la condición de firmar cada 15 días en la sede judicial de Golfito, tras una defensa liderada por la abogada Yenci Villalobos, quien argumentó en contra de la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.
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— OIJ Organismo (@oij_Organismo) January 24, 2024
El hombre conocido como “Pito Catano”, de 41 años, fue señalado por el director del OIJ, Randall Zúñiga, como el líder de la organización responsable de transportar drogas desde “La T”, una zona marítima limítrofe entre Colombia, Panamá y Costa Rica, para luego exportarlas a Norteamérica.
Además, se les atribuye el lavado millones de dólares en aproximadamente año y medio, mediante diversas transacciones comerciales, incluyendo la compra y venta de viviendas, muebles y lanchas.
Umaña, catalogado por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) como “un narcotraficante relevante” en Costa Rica, ya contaba con antecedentes por narcotráfico, mientras que su esposa, aunque no tenía antecedentes, se le vinculaba directamente con el movimiento de grandes sumas de dinero.
Durante los allanamientos del caso Rayo, se incautaron tres armas de fuego, dos teléfonos satelitales, documentos varios, un vehículo, una embarcación y 2 millones de colones.
El trabajo de investigación en lavado de dinero permitió detectar un incremento patrimonial significativo en los sospechosos, así como su presunta vinculación con dos cargamentos de drogas interceptados en embarcaciones, uno de 1,5 toneladas y otro de 770 kilos.
Este episodio plantea serias interrogantes sobre la eficacia del sistema judicial costarricense en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, así como sobre la posibilidad de influencias o debilidades en el proceso legal.
La noticia cayó como balde agua fría entre las autoridades, justo cuando la misma OIJ desarrollaba un operativo para investigar el asesinato de otro policía en Costa Rica, el segundo a manos de los narcos en menos de una semana.
“Costa Rica ha cruzado una línea roja”, dijo este jueves el ministro de Seguridad, Mario Zamora, sobre las recientes muertes de oficiales de la Fuerza Pública.
El funcionario convocó una conferencia de prensa para referirse al policía que falleció en un enfrentamiento a balazos con una banda del crimen organizado en barrio Las Parcelas, en Garabito, Puntarenas.
El oficial fue identificado como Bryan Josué Rivera Oviedo, de 28 años de edad y fue asesinado mientras acudía al llamado de auxilio de la comunidad, por una extendida balacera entre grupos de narcos.
El caso de Rivera se suma al caso del pasado 18 de enero en el que unos sicarios en motocicleta asesinaron a balazos a un oficial de la Fuerza Pública, también de 28 años, en barrio San Juan, en el cantón central de Limón.
Zamora lamentó estas muertes y pidió cambiar la legislación para que las autoridades puedan combatir la ola de violencia que vive Costa Rica.
Al menos 24 agentes policiales han sido asesinados en misión del deber en los últimos años, hasta la fecha de hoy.
