Un juez federal en Washington D.C. abrió la posibilidad de declarar al Gobierno de Donald Trump en desacato por el envío de más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos a una megacárcel en El Salvador.
Esto ocurrió después de que el pasado 14 de marzo, Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, surgida en cárceles venezolanas.
Durante una audiencia en la tarde del jueves, el juez James Boasberg expresó dudas sobre la legalidad de la decisión del Gobierno, sugiriendo que la Administración pudo haber actuado “de mala fe” para evitar el escrutinio judicial.
“Si realmente hubieran creído que todo lo que hicieron ese día fue legal y podía sobrevivir a una demanda, no creo que hubieran actuado de la manera que lo hicieron”, comentó Boasberg.
El juez también cuestionó los eventos que llevaron al despegue de los vuelos, indicando que la Administración de Trump aceleró la expulsión de los migrantes para evitar una orden judicial.
A pesar de que la demanda de la ACLU había sido presentada, los vuelos partieron con los migrantes, aterrizando finalmente en El Salvador, lo que desató una batalla legal sin precedentes. Incluso, Trump sugirió llevar al juez Boasberg a juicio político.
El caso ha generado controversia, ya que los migrantes ahora se encuentran detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, conocida por las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Las familias de los detenidos aseguran que sus seres queridos no tienen antecedentes criminales y están siendo encarcelados injustamente.
El abogado del Gobierno indicó no saber quién tomó la decisión final de continuar con los vuelos, a pesar de la demanda presentada. Boasberg, por su parte, aclaró que no tomará una decisión sobre este caso esta semana y convocó a las partes a una nueva audiencia el próximo martes.
Este caso es parte de la controvertida política migratoria de Trump, que busca frenar la llegada de bandas criminales transnacionales como el Tren de Aragua, lo que está poniendo en duda la separación de poderes en Estados Unidos.
