Una operación coordinada por INTERPOL entre mayo y junio de 2025 llevó a la detención de 225 personas vinculadas a delitos ambientales en América Latina, con varios cientos más identificados para acciones de seguimiento, informó el organismo este viernes.
La operación, denominada Madre Tierra VII, se desarrolló en nueve países -incluyendo seis países centroamericanos- con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ambiental del organismo internacional.
Durante los dos meses que duró la operación, las autoridades reportaron más de 400 crímenes ambientales: 203 por tala ilegal, 138 por tráfico de vida silvestre, 26 por pesca ilícita, 23 por minería ilegal y 16 relacionados con contaminación. Además, se identificaron 15 casos transnacionales y múltiples rutas de tráfico con destino a Europa y Asia.
Las incautaciones incluyeron aves, reptiles, tortugas, primates y grandes felinos, así como 2.4 toneladas de aletas de tiburón y raya, 875 kilos de totoaba y 7 kilos de pepino de mar seco, lo que evidencia la explotación persistente de especies protegidas para el comercio internacional.
La operación se ejecutó bajo el marco del Proyecto GAIA, financiado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania, y contó con la participación de El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, además de México, Colombia y República Dominicana,
En el caso de la madera, se decomisaron especies como pino, roble, guanacaste, laurel y ciprés, junto a maderas valiosas protegidas por CITES como el cedro y el palo de rosa. Esta última puede alcanzar hasta $6,000 por metro cúbico en el mercado negro internacional, dependiendo de su calidad.
Uno de los hallazgos más graves ocurrió en Panamá, donde se expuso una red de minería ilegal de oro con uso de mano de obra infantil, trata de personas y contaminación con mercurio. Las investigaciones revelaron además el contrabando del químico y daños severos a fuentes de agua que representan riesgos para la salud pública.
Las autoridades también detectaron zonas críticas de deforestación que superan las 50,000 hectáreas, vinculadas a redes criminales organizadas que operan a escala continental. Entre los bienes incautados figuran armas, vehículos, embarcaciones y equipos de comunicación usados para facilitar estas actividades ilícitas.
El informe final, con los resultados detallados de la operación, será presentado a finales de noviembre ante oficiales especializados para coordinar las acciones judiciales y de seguimiento correspondientes.
