En una Semana Santa marcada por la vigilancia extrema, alrededor de 4,000 agentes de policía fueron desplegados en Nicaragua, específicamente en las inmediaciones de los templos católicos, con el fin de evitar la realización de procesiones religiosas en las calles.
Esta medida, según informaciones de la abogada Martha Patricia Molina, quien ha dedicado años a documentar la persecución a la Iglesia Católica en el país, refleja la continuación de la estrategia represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo hacia la libertad religiosa.
De acuerdo con Molina, unas 400 parroquias en Nicaragua recibieron notificaciones policiales prohibiéndoles realizar las tradicionales procesiones de Semana Santa.
La investigadora calculó la cifra de agentes desplegados basándose en los reportes de presencia policial en cada parroquia, destacando que, como resultado, unas 4,800 actividades religiosas que comúnmente se llevaban a cabo en las calles han sido canceladas o restringidas a los alrededores de las iglesias.
El régimen de Ortega ha promovido actividades alternativas bajo la etiqueta de “tradiciones populares” a través del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), la Policía y las alcaldías municipales, en un intento por reemplazar las celebraciones religiosas católicas.
La vigilancia se intensificó particularmente el Domingo de Ramos, con reportes de una presencia policial y paramilitar elevada en los templos.
“Por lo menos había dos policías en cada iglesia, y en algunas llegaron varias patrullas con agentes de Operaciones Especiales”, afirmó Molina.
La policía también capturó a cuatro jóvenes que participaban en tradiciones de Semana Santa, lo cual fue denunciado por el periodista Miguel Mendoza como un acto de violencia injustificado.
Esta situación se enmarca en un contexto más amplio de hostilidades contra la Iglesia Católica en Nicaragua, que ha incluido encarcelamientos, agresiones, expulsiones y destierros de figuras religiosas desde las masivas protestas ciudadanas de abril de 2018.
Hasta enero del año pasado, se registraron 812 ataques contra la iglesia, según el informe “Una iglesia perseguida” de Molina.
La vicedictadora Rosario Murillo, sin mencionar las restricciones impuestas a las procesiones, destacó las celebraciones de Semana Santa en una intervención radial, promoviendo un mensaje de “paz y fraternidad”.
Esta postura cínica contrasta con la realidad observada en las calles y templos del país, donde la libertad de culto y expresión religiosa continúa bajo asedio.
La comunidad internacional y los observadores de derechos humanos siguen con preocupación la situación en Nicaragua, donde la represión del régimen Ortega-Murillo contra la Iglesia Católica y sus feligreses evidencia una grave violación a la libertad religiosa y los derechos humanos fundamentales.
