La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua impuso este martes una drástica reducción en los límites de velocidad para todo tipo de vehículos en el país, en una medida que las autoridades presentan como un esfuerzo para reducir los accidentes de tránsito, pero que sectores críticos califican como una acción con fines recaudatorios y carente de sustento técnico.
Según la nota informativa 001-2025, divulgada por la Dirección General de Tránsito Nacional de la Policía, el nuevo límite máximo de velocidad será de 50 kilómetros por hora para vehículos de transporte privado, público, de carga y de pasajeros. En el caso de las motocicletas, el límite será aún más estricto, de 40 kilómetros por hora, y se reitera además la prohibición de transportar menores como pasajeros.
La medida, ordenada directamente por el presidente Ortega, contradice los parámetros establecidos en la Ley 431, vigente desde 2003, que permite velocidades de hasta 100 kilómetros por hora en carreteras. Aunque en la práctica, la Policía había venido aplicando un tope de 80 km/h, como admitió recientemente la comisionada general Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional.
Contexto y cifras
La imposición de estos nuevos límites ocurre semanas después de que Ortega anunciara que el gobierno evaluaba imponer una reducción en la velocidad en las carreteras, bajo el argumento de priorizar “la vida” por encima del desarrollo comercial.
Sin embargo, el anuncio generó inmediatas críticas por parte de especialistas en seguridad vial y sectores de la sociedad civil, que consideran que la medida carece de estudios técnicos y podría tener un impacto negativo en la economía, la logística regional y la misma seguridad vial.
“Establecer un límite uniforme de 50 o 60 kilómetros por hora en todo el país, incluyendo autopistas, es contraproducente”, advirtió Gerardo Castaing, exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica y consultor en seguridad vial. “Podría generar mayores gastos en combustible, retrasos significativos en transporte de carga y pasajeros, y hasta un aumento en accidentes dependiendo del contexto vial”.
Otros expertos han señalado que la medida podría tener un propósito recaudatorio, ya que facilitaría la imposición de multas a través de retenes con radares de velocidad, una práctica que, según denuncias ciudadanas, se ha intensificado en los últimos años.
Contradicciones en las cifras oficiales
El Ministerio de Salud (Minsa) reportó recientemente que los accidentes de tránsito fueron la sexta causa de muerte en Nicaragua en 2024, con 1,392 fallecimientos, un fuerte incremento frente a los 623 de 2023, lo que ha generado dudas sobre la efectividad de las políticas de seguridad vial del régimen.
En contraste, la Policía Nacional reportó que entre el 1 de enero y el 4 de mayo de 2025, hubo una leve disminución en el número de muertos en accidentes viales: 321 frente a 337 en el mismo período del año anterior. También se registraron menos lesionados, con 863 este año frente a 943 en 2024.
No obstante, expertos cuestionan estas estadísticas debido a la falta de transparencia institucional y señalan que los datos no justifican una medida tan generalizada y restrictiva.
Impacto económico y regional
La nueva regulación ha despertado preocupación en el sector transporte y el comercio regional, ya que Nicaragua es un corredor clave para el tránsito terrestre de mercancías en Centroamérica. La medida podría afectar los tiempos de entrega y aumentar los costos operativos en toda la región.
“La velocidad no puede regularse de forma homogénea en todos los contextos viales. Lo que Nicaragua necesita es infraestructura moderna, educación vial y fiscalización efectiva, no restricciones improvisadas que pueden tener motivaciones políticas o financieras”, señaló otro especialista en seguridad vial, que pidió el anonimato por temor a represalias.
Desde 2018, Nicaragua vive una profunda crisis sociopolítica bajo el régimen de Ortega, caracterizado por el control absoluto de las instituciones, la represión a la disidencia y la utilización de las políticas públicas como mecanismos de control social y financiero.
(Con información de LA PRENSA y fuentes oficiales)
