A pesar de estar señalado por su participación directa en asesinatos, ejecuciones y represión sistemática en Nicaragua, el Ejército sandinista anunció su participación en el “Diplomado de Uso de la Fuerza”, una iniciativa regional promovida por la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) con énfasis en derechos humanos y derecho internacional humanitario.
El curso, inaugurado el 19 de mayo en Honduras y que se extenderá hasta agosto, tiene como objetivo —según la nota oficial del Ejército nicaragüense— fortalecer los conocimientos de los oficiales en temas como el “uso legítimo de la fuerza”, análisis de casos hipotéticos y “apego a la legislación nacional e internacional”.
Sin embargo, esta iniciativa ha sido recibida con escepticismo por organizaciones de derechos humanos y voces opositoras en el exilio, que la califican como un intento burdo de “blanqueamiento institucional” tras la publicación del informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU (GHREN) en abril pasado.
Acusaciones formales y contexto represivo
En abril de este año, el GHREN —mecanismo oficial de Naciones Unidas— documentó la participación directa de altos mandos del Ejército de Nicaragua en crímenes de lesa humanidad cometidos desde abril de 2018.
La lista de implicados incluye al comandante en jefe del Ejército, general Julio César Avilés Castillo, y al jefe del Estado Mayor, general Bayardo Rodríguez Ruiz, entre otros once altos oficiales.
El informe de 234 páginas detalla ejecuciones extrajudiciales, cooperación con fuerzas parapoliciales, desapariciones forzadas y una política deliberada de represión estatal con participación militar.
“Resulta indignante que una institución señalada por delitos que deberían ser juzgados en cortes internacionales pretenda ahora tomarse la foto como defensora de los derechos humanos”, comentó desde el exilio un abogado especializado en justicia transicional, que pide el anonimato por razones de seguridad.
La fachada de la capacitación
El general de brigada Rafael Yovanny Orellana Murillo, director de Operaciones del Ejército de Ortega representó a la institución en la ceremonia inaugural en Tegucigalpa, donde reiteró el supuesto compromiso del Ejército con “la legalidad, la paz y la estabilidad en la región”.
Paradójicamente, Orellana es subordinado directo del general Avilés, uno de los principales señalados por la ONU, y sancionado por Estados Unidos, por encubrir las sangrientas “operaciones limpieza” en zonas rurales del norte del país, con el uso de comandos especiales.
A pesar de los intentos por proyectar una imagen institucional renovada, el Ejército mantiene su papel como brazo operativo de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Desde 2018, lejos de mantenerse al margen de la represión política, ha sido clave en el blindaje del régimen, permitiendo el uso del territorio y de sus recursos logísticos para controlar, intimidar y eliminar a la disidencia.
Una estrategia repetida
No es la primera vez que el Ejército de Nicaragua recurre a la CFAC como plataforma para lavar su imagen.
Desde 2024, tras el endurecimiento de las sanciones internacionales y la intensificación de los informes sobre crímenes de Estado, el cuerpo armado ha intensificado su participación en ejercicios, cursos y simposios sobre derecho humanitario.
En sus comunicados oficiales, insiste en su compromiso con la legalidad y los derechos humanos, aunque en los hechos continúa operando con total impunidad dentro del país.
En años recientes, el Ejército ha desarrollado ejercicios virtuales de simulación de operaciones militares “con apego al Derecho Humanitario Internacional”, sesiones teóricas sobre el trato a civiles y simulacros en zonas de guerra.
“Participar en un diplomado sobre uso proporcional de la fuerza mientras se oculta la verdad sobre ejecuciones extrajudiciales es una burla a las víctimas”, el abogado exiliado en Costa Rica.
“Nos preguntamos si alguno de los oficiales sancionados estará entre los estudiantes del curso, porque ellos tienen mucho que explicar ante un tribunal, no ante un aula”.
El contraste entre el discurso oficial y la realidad fue evidente en el comunicado del Ejército, que cerró con los lemas “Todo por la Patria” y “¡Firmeza y cohesión!”, evocando el mismo lenguaje utilizado para justificar la represión del estallido social de abril de 2018.
