ste lunes está programado el inicio del juicio contra el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002), acusado junto a exfuncionarios de presunto peculado en el caso conocido como Infraseguros, relacionado con contratos del Instituto Nacional de Seguros (INS).
El Ministerio Público sostiene que hubo pagos irregulares a funcionarios públicos para favorecer a reaseguradoras extranjeras en convenios con el INS. La investigación, iniciada el 20 de junio de 2001 tras una denuncia anónima, apunta a la firma inglesa PWS, que habría transferido $2.1 millones a funcionarios, así como a supuestas comisiones de Guy Carpenter y Willis Re en 2001. En 2006 trascendió que parte de esos fondos habrían sido utilizados para cancelar una tarjeta de crédito del exmandatario por más de $47,000.
Aunque en 2014 se dictó un sobreseimiento definitivo, la apelación reabrió el caso y, en 2023, se señaló finalmente para debate, luego de múltiples suspensiones. Durante más de dos décadas, la defensa alegó violaciones al derecho de justicia pronta y cumplida, retrasos procesales y decisiones contradictorias en el expediente.
Rodríguez, quien en 2004 renunció a la Secretaría General de la OEA tras un mes en el cargo para enfrentar estas acusaciones en Costa Rica, defendió su inocencia. “Es muy sencillo. No hay nada que me vincule directamente con los hechos (…) lo que hay es una novela, se inventaron que yo inventé un complot para sacar unos fondos públicos”, declaró a Teletica.
El abogado defensor, Cristian Arguedas, criticó la decisión de llevar el caso a juicio después de 24 años. “Es una vergüenza para el país que don Miguel Ángel tenga que presentarse a juicio, cuando ya la Sala Constitucional declaró que se le ha violado el principio de justicia pronta y cumplida. El juicio llega en el peor momento personal, pues él y su esposa enfrentan problemas graves de salud”, afirmó.
El proceso judicial, que ha marcado la vida política y personal del expresidente, será finalmente debatido en los tribunales costarricenses, casi 25 años después de los presuntos hechos de corrupción vinculados al INS.
