Una organización de Derechos Humanos reveló el miércoles que 261 personas adultas y cuatro niñas y niños han muerto bajo custodia estatal entre 2022 y 2024 tras la imposición de un régimen de excepción como parte de una estrategia para combatir las pandillas.
“El costo humano de esta política es alto: 261 personas adultas y cuatro niñas y niños han muerto bajo custodia estatal entre 2022 y 2024. Estas muertes, a su vez, han dejado al menos a 176 hijas o hijos en orfandad; mientras que el encarcelamiento masivo pone en alguna modalidad de abandono a un estimado de 62,022 niños, niñas y adolescentes menores de 15 años”, dijo la organización Cristosal en un informe titulado “El silencio no es opción. Investigación sobre las prácticas de tortura, muerte y justicia fallida en el régimen de excepción”.
El grupo dijo en un informe que, al 15 de abril, 88 de las 261 muertes “pueden haber sido el resultado de un acto criminal”, aunque no especificó cuáles pueden haber sido esos actos.
El informe dijo que 87 de las muertes se debían a enfermedades, 14 eran aparentemente “actos de violencia” y que no se pudo identificar inmediatamente ninguna causa para las otras 72.
“La gente ha muerto en las prisiones y cárceles de El Salvador debido a la tortura, la falta de alimentos, las condiciones insalubres, la falta de atención inhumana y el trato cruel, inhumano y degradante”, dijo la abogada Zaira Navas, autora del informe. “Hay una política deliberada de no proteger los derechos de las personas encarceladas”.
El gobierno de Nayib Bukele impuso desde marzo de 2022 un régimen de excepción que ha llevado a prisión a más de 81 mil sospechosos de ser pandilleros o colaboradores de esas bandas. A raíz del régimen de excepción, ha habido una drástica caída de homicidios y otros delitos atribuidos a las pandillas.
Según Cristosal, la evidencia presentada en la investigación es amplía: las 3,643 denuncias por abusos o violaciones de derechos recibidas por Cristosal entre marzo de 2022 y abril de 2024. También una muestra de 110 entrevistas y el análisis de 7,742 casos de mujeres detenidas bajo el régimen de excepción.
El informe dice que su informe es parte de una investigación profunda sobre 265 muertes (4 de ellas correspondientes a niñas y niños), y la sistematización y estudio de una muestra de 1,178 casos de personas detenidas en 2022.
La organización sostiene que el estudio de más de mil casos judiciales, unido a los cientos de testimonios recogidos por Cristosal, confirma que gran parte de las personas criminalizadas por el régimen de excepción no solo no pertenecen a pandillas, sino que son inocentes.
“Incluso, en algunos casos, se trata de ciudadanos y ciudadanas que fueron por años víctimas directas de la violencia ejercida en sus comunidades por las pandillas y enfrentan ahora la violencia institucional del Estado”, subraya el informe.
El gobierno ha admitido que ha liberado a unos siete mil sospechosos por falta de pruebas.
