Un nuevo informe de Refugees International y el Consejo Global de Litigio Estratégico (GSLC) advierte de los desafíos que enfrentan las personas nacionales de terceros países que Estados Unidos está enviando a Costa Rica y pide adoptar medidas inmediatas para garantizar sus derechos.
Desde principios de 2025, el gobierno estadounidense estableció acuerdos con distintos países para que reciban a personas deportadas que son ciudadanas de terceros países. Estos mecanismos implican el traslado forzoso hacia territorios con los que las personas afectadas no tienen vínculos significativos y donde, en algunos casos, desconocen el idioma y nunca habían estado anteriormente.
Costa Rica acordó desde abril de 2026 recibir hasta 25 personas deportadas de terceros países por semana procedentes de Estados Unidos. El informe recoge 21 entrevistas con personas que fueron trasladadas forzosamente desde territorio estadounidense hacia el país centroamericano desde que comenzó el acuerdo.
La investigación señala que las personas deportadas enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos y acceder a documentación adecuada, además de sufrir separación de sus familias. Según el informe, también permanecen bajo incertidumbre sobre su futuro, una situación que afecta su salud mental.
El documento advierte que estas dificultades ocurren dentro de un sistema que parece enfocado en ofrecer únicamente soluciones temporales, pese al aumento de personas que no pueden regresar a sus países de origen y que podrían necesitar permanecer en Costa Rica a largo plazo.
«Costa Rica tiene una larga trayectoria de ofrecer un lugar seguro a quienes necesitan protección, y eso hace que lo que estamos viendo hoy sea aún más preocupante», afirma Rachel Schmidtke, Senior Advocate de Refugees International para América Latina y coautora del informe.
«Si un país con esta trayectoria tiene dificultades para brindar seguridad y estabilidad a las personas enviadas allí en virtud de estos acuerdos, es un indicador de que estos acuerdos no pueden funcionar en ningún lado, ya que su propia estructura está diseñada para causar daño, dejando a las personas desplazadas, vulnerables y sin un camino claro hacia la seguridad», agregó.
Por su parte, Natasha Pérez Tümmler, Litigante Regional para las Américas del Consejo Global de Litigio Estratégico (GSLC) y coautora del informe, sostuvo: «Una vez que las personas se encuentran en Costa Rica, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que sus derechos estén efectivamente protegidos».
«Es profundamente preocupante que aún no exista un plan claro para quienes permanecen en el país, incluyendo una vía concreta hacia la regularización, la protección y la estabilidad a largo plazo. Costa Rica debe garantizar que la implementación de estos acuerdos cumpla con sus obligaciones nacionales e internacionales. Instamos a las autoridades a establecer soluciones individualizadas, brindar información clara y accesible sobre los derechos y las opciones de las personas, y asegurar que quienes permanezcan en Costa Rica no queden en un limbo legal y administrativo», señaló.
El informe recomienda rescindir inmediatamente estos acuerdos con Estados Unidos. Mientras permanezcan vigentes, plantea que el gobierno costarricense y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) adopten medidas provisionales dirigidas a proteger los derechos de las personas afectadas.
