La Campaña Mundial por la Educación presentó el informe “Educación negada, futuros truncados: adolescentes en movilidad ante la emergencia educativa en Centroamérica” revela desafíos estructurales en el Triángulo Norte para garantizar el acceso a la educación de menores en movilidad.
El informe destaca el caso de una adolescente salvadoreña retornada en 2025, quien a pesar de haberse mantenido estudiando tuvo que cursar el tercer grado teniendo 15 años porque no presentó los documentos que certifican sus estudios.
La campaña señala este caso como ejemplo de la poca flexibilidad que hay en los países del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) en los procesos de matrícula y evaluación, además, de la falta de mecanismos claros para certificar estudios previos.
“Me sentí mal cuando me dijeron que tendría que volver a tercer grado, aunque yo tenía 15 años. Me daba pena ir a esa clase con niños pequeños. No trajimos los papeles de allá y solo me dejaron hacer pruebas de suficiencia. Y todavía sigo intentando pasar los exámenes para ponerme al día” expresó una menor salvadoreña retornada durante la realización del informe.
El informe explica que en estos casos los menores son sometidos a la carga de no poder acreditar su escolaridad y que sean ubicados en grados inferiores, lo que genera miedo y pena y, termina por incentivar “el abandono y el estigma”, mientras se evidencia una carencia de programas de nivelación escolar para menores.
A eso se suma que los menores que terminan mudándose a otras zonas de El Salvador por desplazamiento forzado interno no cuentan con mecanismos para ponerse al día, por lo que, terminan “sobrecargándolos académicamente en muchos casos y rezagándolos por la vía de los hechos”.
“La evidencia recogida a lo largo de este informe confirma que el acceso a la educación de adolescentes en movilidad en El Salvador, Guatemala y Honduras enfrenta desafíos estructurales” concluye el informe.
Para la organización, la falta de acceso se alimenta de emergencias recurrentes, continuidad de desigualdades, falta de coordinación interinstitucional y rezago de políticas públicas. Enfatiza que a pesar de los avances percibidos se mantienen “brechas críticas” en registro, inclusión, infraestructura y financiamiento que “perpetúan la exclusión”.
Además, considera una violación al derecho de educación que no se disponga de modalidades flexibles y de reconocimiento de trayectorias previas y apoyo socioemocional para los menores migrantes, desplazados o retornados.
La Campaña destaca que la garantía de escolaridad para estos sectores debe ser “una condición estratégica” en El Salvador, Guatemala y Honduras para “romper ciclos de exclusión, violencia y desplazamiento” y que se adopten medidas para diseñar políticas y acciones para soluciones estructurales, inclusivas y sostenibles.
