Una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica contradice de forma contundente las declaraciones del presidente costarricense Rodrigo Chaves sobre el atentado que casi le cuesta la vida al opositor nicaragüense Joao Maldonado y a su pareja, Nadia Robleto, el pasado 10 de enero en San José.
Según documentos oficiales citados por el periodista Ismael López en un reportaje de Nicaragua Investiga, el atentado fue ejecutado con planificación de tipo militar y motivaciones políticas vinculadas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El expediente judicial y policial detalla que el ataque fue perpetrado por una red criminal estructurada con al menos 8 participantes y funciones claramente distribuidas, incluyendo vigilancia, seguimiento, señalización, ataque y cobertura posterior a la huida.
El documento sostiene que “se maneja la hipótesis a nivel policial que el acto delictivo obedece a temas políticos”, dado el perfil opositor de Maldonado, exdirigente sandinista y líder de protestas contra Ortega en Jinotepe en 2018.
La revelación contradice directamente las afirmaciones del presidente Rodrigo Chaves, quien un día después del atentado rechazó que su gobierno ofreciera protección al exiliado y negó la existencia de redes del sandinismo operando en territorio costarricense.
Sin embargo, el expediente del OIJ confirma que Maldonado sí estaba bajo medidas de protección especial de la Fiscalía, tras un primer atentado en 2021, y que las autoridades costarricenses lo habían reubicado por seguridad antes del nuevo ataque.
El ataque del 10 de enero fue registrado en detalle por cámaras de seguridad a lo largo de varias horas y puntos de seguimiento.
Las pruebas recopiladas revelan una operación con alto grado de sincronización entre vehículos y sicarios, y que habría contado con la colaboración del periodista nicaragüense Danilo Aguirre Sequeira, quien fue identificado como una figura clave en la logística del atentado, aunque actualmente se encuentra oculto en Nicaragua.
Según la denuncia de la víctima, en sus dos atentados anteriores había tenido comunicaciones previas con Aguirre Sequeira, a quien responsabilidad de ser autor de los dos intentos de asesinato.
De acuerdo con el expediente del OIJ, Aguirre Sequeira citó a Maldonado al Hotel Barceló San José Palacio, en la capital, para encargarle un trabajo de entrevistas y recursos de videos.
El sobreviviente recuerda que el periodista nicaragüense le mintió diciendo que estaba hospedado en ese hotel, actuaba nervioso y apresurado a tal grado que no revisó el material que el exiliado le llevó como muestra; le ofreció pagarle 60 dólares por unas entrevistas y luego se despidió apresuradamente.
Maldonado y Robleto fueron interceptados en su vehículo en el sector de San Pedro de Montes de Oca por 2 hombres en motocicleta, quienes abrieron fuego en al menos ocho ocasiones.
El opositor fue herido de gravedad y su pareja quedó parapléjica. La Fiscalía costarricense ha calificado los hechos como intento de homicidio con implicaciones de persecución política transnacional, una forma de represión que varios organismos internacionales atribuyen al régimen Ortega-Murillo contra opositores en el exilio.
Las autoridades costarricenses capturaron a 3 sospechosos —2 costarricenses y un nicaragüense— y emitieron una orden de captura contra un cuarto, mientras la figura de Aguirre Sequeira es señalada como parte central de la planificación, según los testimonios de Maldonado y el análisis de movimientos previos al ataque.
El caso pone en evidencia la creciente preocupación por la seguridad de exiliados políticos nicaragüenses en países de acogida, en medio de lo que organizaciones como la ONU y la CIDH han denunciado como una estrategia de represión transnacional por parte del régimen nicaragüense. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que Nicaragua incurre en violaciones sistemáticas de derechos humanos y ha exigido medidas cautelares para opositores en el exilio, muchas de las cuales —como en este caso— no han sido efectivamente aplicadas.
Joao Maldonado, quien fue presidente de la Federación Nicaragüense de Sambo y alto dirigente del Frente Sandinista antes de desertar en 2018, ha sido acusado sin pruebas por el régimen de la muerte de un militante sandinista convertido en símbolo oficialista.
Maldonado ha negado reiteradamente estos señalamientos, calificándolos como una campaña de difamación del régimen Ortega-Murillo para justificar su persecución.
El expediente judicial, con más de 700 páginas, revela que la Fiscalía costarricense investiga el caso como un crimen con motivaciones ideológicas, en el marco de un contexto regional donde las amenazas contra refugiados y opositores políticos han escalado más allá de las fronteras nacionales.
