El Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) presentó su informe “Conflictividad Socioterritorial: Balance 2025 y Perspectivas 2026”, en el que documenta 77 conflictos activos distribuidos en 13 de los 18 departamentos de Honduras y alerta sobre procesos de despojo territorial, criminalización de comunidades y resistencia organizada en diferentes zonas del país.
El estudio señala que la conflictividad mantiene una fuerte concentración territorial. Los departamentos de Colón, Yoro, La Paz, Atlántida, Choluteca, Gracias a Dios y Cortés acumulan el 79.2 % de los casos registrados, principalmente en áreas donde existen intereses relacionados con la agroindustria, proyectos energéticos, minería, turismo e infraestructura.
Según el informe, los conflictos agrarios representan el 49.4 % del total de casos identificados, seguidos por los conflictos energéticos con el 20.8 % y los mineros con el 10.4 %. Estas tres categorías concentran el 80.5 % de la conflictividad socioterritorial documentada durante el período analizado.
Los investigadores advierten que el 80.5 % de los conflictos se encuentra en niveles altos de intensidad, caracterizados por amenazas de desalojo, procesos de judicialización, violencia, deterioro ambiental y disputas prolongadas entre comunidades, empresas e instituciones estatales.
El documento sostiene que estos conflictos no deben interpretarse como hechos aislados, sino como expresiones de una crisis de acumulación territorial marcada por la presión sobre bienes comunes como la tierra, el agua, los bosques y otros recursos estratégicos. Asimismo, identifica patrones relacionados con inseguridad jurídica, expansión de proyectos económicos, criminalización de la defensa territorial y degradación ambiental.
El informe también advierte que el nuevo contexto político hondureño podría profundizar las tensiones existentes. Según el observatorio, el inicio del gobierno 2026-2030 coincide con reformas legales, cambios institucionales y nuevas políticas que priorizan sectores productivos estratégicos, situación que podría incrementar los conflictos vinculados al acceso y control de los territorios.
Entre las preocupaciones expuestas se encuentran la criminalización de líderes comunitarios, campesinos, indígenas y garífunas, así como los procesos judiciales y amenazas contra defensores de derechos territoriales registrados entre julio de 2025 y junio de 2026. El observatorio documentó asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias y acciones de hostigamiento contra activistas y organizaciones comunitarias.
Pese a este escenario, el informe destaca que las comunidades continúan organizando procesos de resistencia y defensa de sus territorios mediante movilizaciones, recursos legales, denuncias públicas y alianzas con organizaciones nacionales e internacionales.
El documento concluye que la conflictividad socioterritorial constituye un indicador de la calidad democrática del país y de la capacidad institucional para garantizar derechos, participación ciudadana y protección de los bienes comunes.
