Durante el tercer año del mandato de la presidenta Xiomara Castro, Honduras mantiene una situación crítica en materia de seguridad y justicia, pese a la implementación de políticas y aumentos presupuestarios destinados a enfrentar el crimen organizado y la violencia. Así lo indica el informe Estado de País: Seguridad y Justicia 2025, elaborado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que evidencia retrocesos preocupantes en el fortalecimiento del Estado de derecho.
Entre los principales señalamientos del informe destaca el uso prolongado de los estados de excepción, que ya suman 19 extensiones desde diciembre de 2022. Estas medidas, que suspenden garantías constitucionales, han sido criticadas por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que advierte sobre su carácter permanente y el uso excesivo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana.
Además, el informe denuncia falta de avances sustanciales en la desmilitarización de la seguridad, la reforma del sistema judicial y la lucha contra la impunidad, pilares fundamentales del Plan de Refundación del País 2022-2026. A pesar de la creación de nuevas instancias como la Dirección Policial Antimaras, el documento concluye que los esfuerzos no han logrado contener la violencia ni fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.
Según ASJ, El gobierno ha incrementado el presupuesto para instituciones de seguridad y justicia en un 51 % entre 2021 y 2024, alcanzando L 33,294 millones, siendo la Secretaría de Seguridad la más beneficiada con un aumento del 70 %. Sin embargo, la ASJ destaca que gran parte de esos recursos no han sido ejecutados eficientemente: entre 2022 y 2024, la institución dejó de utilizar L 849 millones destinados a inversión, programas sociales y operativos policiales.
Asimismo, se evidencia una falta de planificación en el crecimiento del cuerpo policial. Aunque el gobierno se fijó la meta de alcanzar 28,000 agentes para 2026, al cierre de 2023 el número apenas llegaba a 17,920. Para lograr la meta, se requeriría incorporar más de 1,800 policías por año hasta el fin del mandato.
Escándalos y debilitamiento institucional
El informe también destaca escándalos que han afectado la estabilidad institucional del país. En junio de 2023, una masacre en una cárcel femenina que dejó 46 reclusas muertas provocó la renuncia del secretario de Seguridad. Posteriormente, se intervino el sistema penitenciario con la Policía Militar del Orden Público, en lugar de avanzar en su desmilitarización.
Otro hecho que marcó el año fue la denuncia temporal del tratado de extradición con Estados Unidos, revertida en febrero de 2025 bajo condiciones específicas. A esto se sumó un video publicado por InSight Crime que implicaba a un diputado cercano a la presidenta en sobornos con narcotraficantes, lo que desencadenó la renuncia del entonces secretario de Defensa.
La ASJ concluye que el gobierno no ha cumplido con la mayoría de sus compromisos en materia de seguridad y justicia. Pese a reducciones en la tasa de homicidios, Honduras sigue siendo el país más violento de Centroamérica. Además, la extorsión, la violencia de género y el lavado de activos siguen en niveles alarmantes, acompañados de una elevada impunidad.
El informe insta al gobierno a implementar una estrategia de seguridad integral, sustituir el estado de excepción por medidas sostenibles, reformar el Código Penal y garantizar el respeto al Estado de derecho. Asimismo, llama a los futuros gobiernos a comprometerse con planes que fortalezcan la democracia y no perpetúen prácticas que debiliten la institucionalidad.
La situación actual, concluye el informe, refleja que el problema no es la falta de recursos, sino la ausencia de voluntad política y de una estrategia efectiva para transformar el sistema de seguridad y justicia en Honduras.
