Durante su tradicional mensaje de Pascua, el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, lanzó una advertencia: El Salvador no debe convertirse en una “cárcel internacional”. Sus palabras hacen eco ante el creciente número de personas deportadas por Estados Unidos —en su mayoría venezolanos y salvadoreños— que han sido enviadas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Escobar Alas expresó su preocupación por lo que considera una tendencia peligrosa. “No podemos permitir que el país se transforme en un nuevo Guantánamo”, dijo al referirse a la llegada de deportados acusados de pertenecer a grupos delictivos como el Tren de Aragua o la pandilla MS-13. Citó incluso el caso de un salvadoreño que fue trasladado al CECOT debido a un error administrativo, situación que calificó como alarmante.
El arzobispo también cuestionó la posibilidad de que estas acciones respondan a presiones externas.
“No sé si hay presiones de parte de Estados Unidos, pero debemos evitar convertirnos en una prisión para resolver problemas ajenos. Cada nación debe juzgar a sus ciudadanos o a los extranjeros que delinquen dentro de sus fronteras”, enfatizó.
La misa de Resurrección sirvió además como escenario para que el jerarca católico abordara otros temas sensibles. Uno de ellos fue el caso de Kilmar Ábrego, cuyo regreso ha sido solicitado por un tribunal estadounidense, pero bloqueado por las autoridades tanto de El Salvador como de la anterior administración de Donald Trump. Escobar Alas pidió que se respete el debido proceso y se deje de lado el uso político del caso. “Ojalá se quiten esos intereses y se aplique la justicia de manera imparcial”, sostuvo.
El tema ha tomado notoriedad internacional. El 17 de abril, un congresista republicano de Maryland relató que intentó visitar a Ábrego en el CECOT, sin éxito. Más tarde informó que logró reunirse con él en un hotel, donde el salvadoreño confirmó su traslado a otro centro penitenciario.
Por último, Escobar Alas reiteró su llamado a derogar la Ley General de Minería Metálica. A pesar de haber entregado más de 150,000 firmas el pasado 18 de marzo, la solicitud no ha sido atendida por la Asamblea Legislativa. “Pedimos nuevamente a los diputados que escuchen al pueblo. Esta ley amenaza nuestra casa común”, concluyó.
Con su mensaje, la Iglesia católica se posiciona una vez más como voz crítica en temas sociales y políticos que generan controversia en el país.
