El crecimiento de la presencia de Huawei en instituciones públicas de Guatemala ha abierto un debate sobre la soberanía digital y la seguridad de las infraestructuras críticas del Estado, en un contexto marcado por la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China por el control de las tecnologías estratégicas.
Una investigación del diario La Hora, basada en registros del sistema Guatecompras, revela que desde 2020 diversas entidades estatales han invertido más de Q50 millones ($6.5 millones) en equipos tecnológicos de origen chino. De ese monto, Huawei concentra al menos 181 procesos de adquisición por Q18.9 millones ($2.5 millones) destinados a infraestructura crítica.
Las compras incluyen switches de red, puntos de acceso inalámbrico, minicentros de datos, gabinetes para servidores, sistemas de videovigilancia y otros equipos que forman parte del núcleo de las redes informáticas gubernamentales. Especialistas en ciberseguridad advierten que estos dispositivos pueden convertirse en puntos sensibles para la infiltración de programas maliciosos o para el acceso no autorizado a información estratégica.
Las preocupaciones se producen mientras Estados Unidos mantiene restricciones contra Huawei desde 2019, cuando la incluyó en su lista de entidades sancionadas por supuestos riesgos para la seguridad nacional, acusaciones de espionaje, fraude y robo de secretos comerciales. La empresa china rechaza esos señalamientos y sostiene que opera de manera independiente del Gobierno de Pekín.
Durante una visita a Guatemala en febrero de 2025, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que la expansión de Huawei representa un desafío para la seguridad de los países de la región.
“Sabemos que el gobierno de Pekín está decidido a intervenir en sectores importantes de la economía, y está obsesionado con establecer o dominar las telecomunicaciones a través de Huawei y otras empresas. Esto representa una grave amenaza para la seguridad de un país, ya que impide la comunicación sin interrupciones”, afirmó.
Entre las instituciones guatemaltecas que han adquirido tecnología Huawei figuran la Universidad de San Carlos, el Registro Nacional de las Personas (Renap), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), los ministerios de la Defensa y de Salud, así como el Crédito Hipotecario Nacional. El IGSS encabeza la lista con compras cercanas a Q9.9 millones, principalmente mediante procesos de compra directa.
El debate también gira en torno a la necesidad de fortalecer la soberanía digital, entendida como la capacidad de un Estado para proteger sus datos, controlar sus infraestructuras tecnológicas y reducir dependencias de proveedores que puedan representar riesgos geopolíticos. Expertos consideran que esta estrategia es cada vez más relevante debido al aumento de los ciberataques contra gobiernos e instituciones públicas.
Ming T. Lu, director ejecutivo de la empresa tecnológica TCQMIND, señaló a La Hora que América Latina registra actualmente el mayor número de ciberataques por organización a nivel mundial, con un promedio de 3,000 ataques semanales, cerca de un 40 % por encima del promedio global. Además, recordó que China es uno de los principales actores en operaciones cibernéticas patrocinadas por Estados y advirtió que la Ley Nacional de Inteligencia china de 2017 obliga a empresas del país asiático a colaborar con los servicios de inteligencia cuando así se les requiera, incluso cuando operan fuera de China.
El especialista también recordó que grupos vinculados a China han dirigido operaciones de ciberespionaje contra gobiernos y redes diplomáticas en América Latina. Entre los casos documentados figura un ataque atribuido al grupo Nickel, identificado por Microsoft, contra misiones diplomáticas guatemaltecas en 2017.
Huawei sostiene que no actúa como instrumento del Gobierno chino y afirma haber superado auditorías internacionales de seguridad. Sin embargo, el creciente uso de su tecnología en entidades públicas mantiene abierto el debate sobre la necesidad de reforzar la protección de la infraestructura crítica, diversificar proveedores y establecer políticas que fortalezcan la soberanía digital de Guatemala frente a los desafíos de la ciberseguridad global.
