Honduras lleva años desangrándose por la violencia ante la mirada de una sociedad harta de ver y contar muertos, pero que a fuerza de costumbre ha normalizado el homicidio y aprendió a vivir entre este y mientras las cifras de sangre suben, las actuales autoridades gubernamentales demuestran que han sido incapaces de encontrar el camino para hacer lo que prometieron que harían: combatir efectivamente el fenómeno social.
En el último mes, este país centroamericano que parece ya no asombrarse de ser el más sangriento de la región, ha visto una impresionante matanza de prisioneras en una cárcel cercana a Tegucigalpa, una masacre en un billar en Choloma, cómo la presidenta Xiomara Castro corrió al secretario de Seguridad Pública para poner a un policía en el cargo, salir con la mirada baja a la responsable de sanear el sistema penitenciario (un cargo en el que Julissa Villanueva, la subsecretaria de Seguridad solo estuvo 3 meses) y cómo desde la presidencia han impuesto un toque de queda en dos municipios de Cortés, entre estos San Pedro Sula, el corazón industrial del país.
Excepto el oficialismo, que sostiene que le están haciendo frente al crimen con buenos resultados (hablan de una disminución “considerable” de homicidios), políticos, analistas y expertos en seguridad responsabilizan a Castro de que en el país la sangre continúe corriendo.
Gobierno incapaz de planificar
El coordinador de investigación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) Andreas Daugaard, en un análisis muy crítico de la situación, le dijo a Centroamérica 360 que “varias de las aspiraciones que tuvo el gobierno al inicio de su gestión de desmilitarizar y basarse en derechos humanos, la forma en que se implementó parece un fracaso completo debido a la incapacidad evidente para planificar, colaborar e implementar. Se hizo una transición demasiada rápida sin haber considerado la consecuencia que podría tener deshacerse de la experiencia y la capacidad instalada de las fuerzas de seguridad existentes, por cuestionadas que seas”.
Según él, cuando Castro asumió la presidencia comenzó a caminar por la senda que anunció durante su campaña, desmilitarizando la seguridad pública, pero las cosas no le resultaron y cambió de rumbo. Ahora el gobierno está de nuevo en el camino que criticó de sus predecesores.
La tentación del modelo Bukele fue demasiada y recurrió a este, replicándolo: estado de excepción, mano dura contra la extorsión, soldados para funciones delegadas a cuerpos civiles.
1/4. Sps y Choloma: he tomado medidas para darles seguridad ante el brutal y despiadado ataque terrorista a que están sometidos por los matones a sueldo entrenados y dirigidos por los cabecillas del Narcotráfico que opera impunemente en el corredor de la droga; valle de sula.
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) June 25, 2023
“Claramente era una estrategia comunicativa de copiar a Bukele que por cuestionada que sea (su política de seguridad) goza de alta popularidad dentro como fuera de El Salvador. Sin embargo, los resultados de las estrategias en Honduras y El Salvador han sido como día y noche. Mientras en El Salvador se ha capturado a más de 66 mil personas, en Honduras las autoridades hablan de alrededor de 1,000 personas”, agrega Daugaard.
La hora de las medidas desesperadas
A la presidenta Xiomara Castro le tomó algunos meses darse cuenta, o al menos decirlo públicamente entre líneas, que el problema de la seguridad pública les ha rebasado.
La matanza el 20 de junio en una cárcel de mujeres, con un saldo de 46 fallecidas, fue el punto de inflexión. Ese día, la gobernante decidió destituir a Ramón Sabillón como secretario de Seguridad para nombrar en el cargo al hasta entonces director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez.
La extorsión es un delito de alcance nacional, que no solo afecta a los departamentos con mayor densidad poblacional donde se ubican ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula. Más detalles del informe "Extorsión bajo la lupa" aquí 🔍➡ https://t.co/sfW15igL6R pic.twitter.com/NPQEZAAeod
— Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) (@asjhn1) June 10, 2023
También oficializó que su delfín en Seguridad, Julissa Villanueva, subsecretaria de Seguridad, ya no estaría más al frente de una comisión que nombró apenas en abril pasado para recobrar el control de las 25 prisiones hondureñas.
En aquel momento la presidenta ordenó la conformación de ese equipo de trabajo para el sistema penitenciario después de un par de motines que dejaron un muerto y en el que los reclusos armaron tiroteos dentro de las cárceles.
Según los críticos, esa fue la aceptación del fracaso en los pasos dados en seguridad pública.
Carolina Alduvin, una respetada científica hondureña que aborda temas de coyuntura desde la óptica de la academia, tampoco tiene opiniones a favor del gobierno en medio de semejante problema.
“Se ha hecho más notoria la incapacidad de las autoridades centrales en el combate a la delincuencia. Desde diciembre de 2022 declararon toques de queda parciales y dizque temporales que se prorrogan cada 15 días… de nada han servido; por el contrario, aumentan y se agravan los casos, pasa de homicidios aislados por robos que salen mal, a verdaderas masacres dirigidas a quienes estorban sus intereses”, explica a Centroamérica 360.
El gobierno maneja que hay una disminución de hasta un 30% en los índices de homicidios, pero a la vez reporta el incremento de masacres cometidas este año. Son 30 crímenes múltiples con 159 víctimas fatales las que reporta en 2023 el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cifras escandalosos desde donde se les vea.
¿Y los toques de queda?
El estado de excepción vigente desde diciembre del año anterior de poco ha servido para combatir la criminalidad en Honduras y el gobierno decidió dar el siguiente paso en la restricción a la ciudadanía: los toques de queda.
Están impuestos en Choloma y San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante y el corazón industrial del país. Desde el 4 de julio, la movilidad ciudadana es restringida entre 11:00 de la noche y 4:00 de la madrugada en ambas ciudades del departamento de Cortés.
Los empresarios han puesto el grito en el cielo y consideran que esto afecta gravemente la actividad económica. Y aunque aplaudieron que los horarios fueron modificados ante los reclamos (iniciaba el toque a las 9:00 de la noche, según la disposición oficial), sugieren que se fortalezca el efectivo trabajo investigativo antes de llegar a medidas extremas.
“En ASJ instamos repetidamente al gobierno a escuchar. Deseamos que escuchen a los expertos, a la sociedad civil y a los datos. Que planifiquen. Que tomen medidas a largo plazo y evalúen las consecuencias que pueden tener las políticas adoptadas. Si siguen improvisando y sacando estrategias de la manga de un día para la otra pues vamos a seguir teniendo los problemas que enfrentamos y el gobierno no tendrá otra opción que solo copiar 1-1 a esfuerzos que han tenido impacto en otros países”, explica Dauugard.
Los resultados de las medidas restrictivas más recientes aún no se han visto.
Alduvín va más allá y ve componentes netamente políticos en el problema de seguridad pública y las políticas y respuestas gubernamentales.
“Obviamente la estrategia para alcanzar los objetivos de refundación (del país, lo que pregona la izquierdista Castro), comienza por sembrar terror en la población, presumiblemente aprovechando las rivalidades entre organizaciones criminales, para que la propia ciudadanía termine clamando seguridad, a cambio de una libertad que ni siquiera saben que tienen y, por tanto, no valoran y están dispuestos a canjearlos por una chamba, en el mejor de los casos, o de una simple despensa o ración de alimentos”, sostiene.
La tesis del caos es sostenida, en medio de la difícil situación social del empobrecido país (7 de cada 10 hondureños viven en pobreza, según cifras internacionales), por diferentes sectores. El vicepresidente Salvador Nasralla, crítico del gobierno, la ha mencionado en muchas ocasiones.
“Un sector de las Fuerzas Armadas, que comprende oficiales tanto activos como en retiro, han denunciado reiteradamente que sus filas están infiltradas por militares venezolanos y cubanos, en calidad de asesores, podemos deducir lo que están recomendando”, agrega Alduvín.
Las Naciones Unidas dijo recientemente que le preocupa la militarización en el país.
“Estamos extremadamente preocupados por el hecho de que algunas de las medidas que han sido adoptadas podrían conducir a violaciones de derechos humanos, advirtió hace tres días la ONU, una aflicción del organismo que prevalece en los países donde la mano dura es la respuesta a los problemas de inseguridad.
El camino que tomará el gobierno de Xiomara Castro parece que está definido, el del combate “frontal” de la delincuencia, que es respaldado popularmente siempre y cuando dé resultados positivos y cuando las medidas restrictivas no me afecten directamente a mi como ciudadano.
Los aplausos de los hondureños aún no se escuchan.
