La posible aplicación de un estado de excepción focalizado volvió a encender el debate sobre la estrategia de seguridad en Honduras. Distintas autoridades también analizan clasificar a determinadas estructuras criminales como asociaciones terroristas.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció que las extorsiones, los homicidios y los desplazamientos forzados golpean gravemente a la población. Sin embargo, recordó que la lucha contra el crimen debe respetar las garantías fundamentales.
“La población hondureña tiene derecho a vivir sin miedo”, afirmó Juan Carlos Monge, representante de OACNUDH. El funcionario sostuvo que el país no debe elegir entre seguridad y derechos, porque una política efectiva debe garantizar ambos. OACNUDH Honduras
El organismo señaló que cualquier medida extraordinaria debe cumplir con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad. También exigió supervisión independiente, controles efectivos y rendición de cuentas.
La preocupación aumenta ante la posibilidad de utilizar figuras relacionadas con el terrorismo. La ONU advirtió que una definición imprecisa podría facilitar detenciones arbitrarias y afectar la presunción de inocencia y la responsabilidad penal individual.
Honduras ya mantuvo un estado de excepción entre diciembre de 2022 y enero de 2026. La medida fue prorrogada 24 veces y terminó extendiéndose por el 76% del territorio nacional, aunque organismos internacionales documentaron denuncias de torturas, desapariciones y muertes bajo custodia.
Entre enero y noviembre de 2025, la Policía hondureña realizó 15,953 detenciones: 13,059 estuvieron vinculadas con drogas y apenas 377 con extorsión. Aunque los homicidios bajaron un 10.24%, Naciones Unidas indicó que no podía establecerse una relación directa entre esa reducción y la suspensión de garantías.
OACNUDH pidió al gobierno fortalecer la prevención, la investigación criminal y la protección de las víctimas. Además, insistió en que los resultados duraderos dependerán de reducir la impunidad, combatir las desigualdades y reforzar el Estado de derecho.