Guatemala comenzó a implementar un nuevo mecanismo para regular el contacto entre los privados de libertad y sus familiares menores de edad, como parte de las medidas contra la violencia sexual, la explotación y la trata de personas.
La Dirección General del Sistema Penitenciario seleccionó los centros de Malacatán, Coatepeque, Quetzaltenango, Santa Cruz del Quiché, Chimaltenango y Cobán para desarrollar esta modalidad.
Las autoridades explicaron que estos establecimientos no cuentan con suficiente espacio físico para construir áreas independientes y adecuadas donde los niños y adolescentes puedan convivir presencialmente con sus familiares.
El Sistema Penitenciario invirtió 85,000 quetzales, unos $11,000, en un primer lote de cámaras web y lectores biométricos capaces de verificar huellas dactilares y rasgos faciales.
Las familias deberán acreditar el parentesco mediante un certificado de nacimiento reciente y completar el trámite en una plataforma conectada con el Registro Nacional de las Personas.
La decisión generó críticas en el Congreso porque dejó fuera a Pavón, Pavoncito, Fraijanes y el Preventivo de la Zona 18, cárceles marcadas por una mayor actividad criminal y presencia de pandillas.
Uno de los casos cuestionados es el penal de Malacatán, que alberga únicamente a 83 privados de libertad. En contraste, semanas atrás un adolescente resultó herido durante un ataque armado ocurrido en horario de visitas en el Preventivo de la Zona 18.
El reglamento entró en vigor el 8 de septiembre. Paralelamente, las autoridades realizan mejoras en 15 cárceles y construyen espacios presenciales en otras cuatro, con la meta de habilitar zonas seguras para menores en 19 centros penitenciarios.