En 2023, América Latina y el Caribe vivieron una alarmante realidad: al menos 3.897 mujeres fueron víctimas de feminicidio o femicidio en 27 países y territorios de la región, lo que equivale a 11 muertes violentas de mujeres por razones de género cada día. Este hecho revela la magnitud de una crisis que, a pesar de los avances legislativos y las políticas públicas, sigue sin control en muchos países.
En particular, en Centroamérica, la violencia feminicida continúa siendo una de las más graves amenazas para las mujeres, con tasas alarmantes de homicidios que requieren una respuesta urgente y más eficaz.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha destacado que, en 2023, algunos de los países más afectados por el feminicidio fueron Honduras, con una tasa de 7,2 feminicidios por cada 100,000 mujeres.
Guatemala, por su parte, registró una tasa de 0,5, siendo uno de los países con menos feminicidios según las estadísticas regionales. Estos números reflejan una realidad donde, a pesar de los esfuerzos legislativos, las políticas públicas no han logrado contener esta ola de violencia, en gran parte porque las estructuras de poder patriarcales continúan permeando la sociedad y las instituciones.
Al menos 1⃣1⃣ #mujeres son víctimas de feminicidio cada día en América Latina y el Caribe.
En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la #CEPAL insta a actuar con sentido de urgencia para prevenir y eliminar la violencia por razón de… pic.twitter.com/eMMFTKo8Dk
— CEPAL (@cepal_onu) November 22, 2024
Según datos de la CEPAL, la violencia de género no sólo afecta a mujeres adultas, sino también a niñas y adolescentes, con matrimonios y uniones infantiles que afectan a 1 de cada 5 niñas en la región. Esta violencia no se limita al asesinato, ya que también hay un alarmante número de tentativas de feminicidio. En 2023, seis países reportaron más de 700 feminicidios frustrados, lo que subraya la magnitud de la violencia extrema contra mujeres y niñas.
El desafío de erradicar el feminicidio más allá de la legislación
A pesar de los avances en la legislación y la creciente visibilidad del problema, la violencia feminicida sigue siendo una amenaza constante en toda la región.
La mayoría de los feminicidios ocurren en el contexto de relaciones de pareja, lo que demuestra la necesidad urgente de intervenir en la dinámica familiar y de pareja para prevenir estos crímenes.
De acuerdo con la CEPAL, en muchos países, más del 60 % de los feminicidios fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas.
En cuanto a las medidas preventivas, a pesar de que todos los países de la región han implementado leyes para combatir la violencia de género, las encuestas reflejan una grave falta de confianza en las instituciones encargadas de proteger a las mujeres. Entre el 20 % y el 30 % de las mujeres que sufren violencia no recurren a los servicios estatales, debido a barreras estructurales y a la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades.
Uno de los aspectos más preocupantes del informe es que, en algunos países, un alto porcentaje de los feminicidios ocurren a pesar de que las víctimas ya habían denunciado a sus agresores. En países como Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay, entre el 22 % y el 35 % de los casos de feminicidio registraron antecedentes de denuncias previas o medidas de protección que no fueron eficaces para prevenir el desenlace fatal.
La situación es aún más grave para las personas dependientes de las víctimas, como los hijos e hijas de las mujeres asesinadas. En 2023, se registraron 488 víctimas indirectas de feminicidio en siete países de la región, lo que pone de manifiesto el impacto devastador que tiene la violencia feminicida en las familias y en la sociedad en su conjunto.
La respuesta institucional y la necesidad de más acción
La CEPAL hace un llamado urgente a los gobiernos de la región para que redoblen sus esfuerzos en la prevención del feminicidio y en el fortalecimiento de los sistemas de protección. Para ello, es fundamental mejorar los sistemas de registro e información sobre feminicidios, aumentar los recursos destinados a políticas públicas y garantizar el acceso de las víctimas a servicios médicos, jurídicos y psicosociales.
Sólo con un enfoque integral y coordinado entre los distintos actores sociales y políticos se podrá avanzar hacia una región libre de violencia de género.
Es imperativo que la región no solo mejore su respuesta ante los feminicidios, sino que también promueva una transformación cultural que erradique los patrones patriarcales que alimentan esta violencia. La CEPAL y organismos internacionales coinciden en que la violencia de género es una violación sistemática de los derechos humanos que exige una acción urgente, un compromiso real y la implementación efectiva de políticas que realmente protejan a las mujeres y niñas de América Latina y el Caribe.
