Una demanda federal interpuesta esta semana en Miami acusa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de deportar ilegalmente a Huber Otoniel Argueta Pérez, un padre guatemalteco con residencia en el sur de Florida, mientras su caso migratorio aún se encontraba en trámite judicial. La querella sostiene que esta acción no solo violó los procedimientos legales, sino que podría replicarse en “decenas o incluso cientos” de casos similares.
Argueta Pérez, de 35 años, quien llegó a Estados Unidos en 2007 y había iniciado el proceso para regularizar su estatus a través de su esposa ciudadana estadounidense, con quien tiene dos hijas menores nacidas en ese país. Según la demanda presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, Argueta se encontraba a la espera de una cita consular para completar su solicitud de residencia por matrimonio. Sin embargo, el 26 de enero de 2024 fue arrestado por un caso de conducción bajo los efectos del alcohol. Aunque contaba con representación legal, se emitió una orden de arresto por error, la cual fue cancelada posteriormente, pero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continuó con su detención.
El 10 de marzo, Argueta fue detenido nuevamente y trasladado al Centro de Detención Krome, en Florida, sin posibilidad de comunicarse con su familia ni abogado. Según su defensora legal, Alexandra Friz García, tenía programada una audiencia para solicitar una fianza migratoria el mismo día que fue deportado: “ICE no podía hacer eso sin la orden de un juez”, afirmó.
“No me dejaron hacer nada… solo me llevaron al avión”, relató Argueta desde Guatemala, quien asegura haber sido presionado por los agentes para firmar una deportación voluntaria.
“Me negué a firmar, pero aun así me deportaron”, relató en una declaración jurada. El 19 de marzo fue enviado a Guatemala sin audiencia, sin orden firmada por un juez y sin haber aceptado su salida del país.
“Estoy extremadamente deprimido, me arrancaron de mi esposa y nuestras dos hijas menores”, expresó Argueta Pérez en los documentos judiciales.
Su abogada, Alexandra Friz-García, afirmó que su cliente tenía una audiencia de fianza programada para el 20 de marzo y calificó el caso como alarmante por la manera en que se ignoraron procedimientos legales establecidos.
“Nunca había visto que deportaran a alguien con un proceso de remoción pendiente. Es un golpe directo al estado de derecho”, advirtió.
La demanda nombra como demandados a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; a la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi; y a altos funcionarios del ICE en Miami, así como al supervisor de deportación del centro Krome. Los abogados buscan que se permita el regreso de Argueta-Pérez al país y que se certifique la demanda como acción colectiva, ya que, según sus declaraciones, otros guatemaltecos en el mismo vuelo tampoco firmaron su retorno voluntario.
Durante su detención en Krome, el guatemalteco denunció condiciones “inhumanas”, como haber dormido nueve días en el suelo, en una sala abarrotada con 50 hombres, sin acceso a camas, duchas ni teléfonos. “Estaba roto, con dolor”, confesó.
El caso llega en un contexto en el que la administración del expresidente Donald Trump ha intensificado las redadas y deportaciones, incluyendo vuelos recientes de venezolanos enviados a una prisión en El Salvador, lo que abogados interpretan como un patrón creciente de violaciones al debido proceso migratorio.
Un caso similar, con implicaciones más graves, ocurrió con Kilmar Ábrego García, salvadoreño residente en Maryland desde 2011. Ábrego, quien contaba con protección legal desde 2019 por riesgo de violencia, fue deportado erróneamente a El Salvador el 12 de marzo. ICE lo arrestó alegando un cambio en su estatus migratorio sin notificar que su deportación estaba suspendida. Pocos días después fue subido a un vuelo de deportación.
Ya en El Salvador, fue trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una mega prisión impulsada por el presidente Nayib Bukele. El gobierno de Donald Trump admitió el “error administrativo”, pero abogados aseguran que, al estar bajo custodia extranjera, los tribunales estadounidenses no pueden ordenar su retorno. Su familia logró identificarlo en redes sociales, donde aparecía esposado y escoltado por agentes encapuchados.
La defensa sostiene que no existen pruebas firmes de que Ábrego tenga vínculos con la pandilla MS-13 y calificó su deportación como una estrategia para evitar el escrutinio judicial. “Si la corte no puede protegerlo, entonces las leyes migratorias no significan nada”, declaró su abogado Simon Sandoval-Moshenberg.
