El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala (MARN) anunció que continúa revisando las licencias mineras otorgadas durante la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024), en medio de la tensión generada por recientes enfrentamientos en Livingston, Izabal.
Según explicó la ministra Patricia Orantes, el malestar por estas autorizaciones viene arrastrándose desde hace meses.
El MARN presentó un informe preliminar el 23 de mayo y tiene previsto entregar un informe técnico final el próximo 30 de julio, donde se evaluará si hubo irregularidades en los procesos de autorización.
Orantes evitó adelantar conclusiones, señalando que “no puede adelantarse a los resultados, como no puede hacerse en un juicio”.
Entre los hallazgos iniciales, el MARN detectó que algunas licencias fueron aprobadas sin consultar a las autoridades de la cuenca del Lago de Izabal ni al Ministerio de Energía y Minas (MEM), lo que podría constituir un incumplimiento de los procedimientos establecidos.
#AHORA En “La Ronda”, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, habla sobre la oposición comunitaria a la minería metálica en la Sierra Santa Cruz. “El Ministerio de Ambiente está escuchando, con absoluta atención y respeto, lo que las comunidades, la gente, el pueblo de… pic.twitter.com/lGdryApNXL
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) June 20, 2025
Por su parte, el viceministro José Rodrigo Rodas aclaró que las licencias vigentes son de explotación, pero no de exploración minera.
“Se están realizando calicatas (excavaciones), pero no hay permisos para exploración”, afirmó en declaraciones a Emisoras Unidas. Destacó que el informe final será clave para determinar la legalidad de los permisos.
Respecto a los disturbios ocurridos en Río Dulce, Rodas aseguró que no fueron protagonizados por las 54 comunidades con las que el MARN mantiene un proceso de diálogo, sino por actores externos.
Sin embargo, un representante comunitario, bajo condición de anonimato, criticó la ausencia de las autoridades del MARN y el MEM en una mesa de diálogo programada para el 16 de junio.
Organizaciones como FUNDAECO respaldaron la postura de las comunidades y señalaron irregularidades en los procesos de autorización durante gobiernos anteriores.
