Guatemala cerró 2025 con un hecho histórico: logró capturar 4.8 millones de toneladas de dióxido de carbono y venderlas como bonos de carbono al Banco Mundial, recibiendo a cambio un pago de $24 millones. Este hito convierte al país en el cuarto de América Latina y el Caribe en acceder a un pago por resultados en el marco del mecanismo REDD+, que premia la reducción de la deforestación y la degradación de bosques.
La transacción corresponde al primer pago del Programa de Reducción de Emisiones (PRE), un proceso respaldado por más de dos décadas de trabajo de comunidades locales y organizaciones que han protegido y recuperado áreas forestales degradadas. En total, unos 1,015 proyectos, integrados por 230,000 personas, resultaron beneficiados de manera directa e indirecta.
El Ministerio de Finanzas inició el desembolso el pasado 30 de diciembre, en cumplimiento del compromiso asumido por el presidente Bernardo Arévalo, quien desde el inicio de su gestión priorizó avanzar con la venta de bonos y garantizar que los fondos llegaran a las comunidades responsables de preservar los bosques.
El pago corresponde al equivalente de Q175,418,645 y, además de representar un ingreso justo para los actores locales, ha generado más de 50,000 empleos, con expectativas de aumentar gracias a la inversión que esta operación desencadenará.
Los bonos de carbono son instrumentos mediante los cuales se mide y certifica la cantidad de dióxido de carbono que no fue emitida o que fue absorbida por bosques restaurados y protegidos. Cada bono equivale a una tonelada de CO₂ capturada. Guatemala, mediante el Programa de Reducción de Emisiones y con apoyo del Banco Mundial, logró validar estos resultados y venderlos a través del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF).
La ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación, María Fernanda Rivera, aseguró que este logro fue posible gracias a la recuperación de la confianza internacional: “Muchas de estas organizaciones no habían recibido nunca un pago por cuidar los bosques. Esto reconoce su labor y les da un ingreso que les ayuda a protegerlos de incendios forestales y mantenerlos sanos”, afirmó.
Por su parte, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, consideró que los beneficios alcanzan a toda Guatemala:
“Esto es un gana-gana-gana. Ganó el clima, ganaron las comunidades y ganó la economía. También se fortalece la biodiversidad, el agua y los suelos, y Guatemala gana prestigio internacional al demostrar que puede medir y capturar dióxido de carbono”, subrayó.
Orantes criticó el estancamiento del proyecto en administraciones anteriores, y explicó que desde 2013 estaba pendiente la creación de una plataforma para registrar proyectos de captura de carbono. “El régimen de corrupción golpeó estos esfuerzos durante años. El presidente Arévalo dijo: ‘Esto va porque va’, y cumplió”, expresó la funcionaria.
