La región metropolitana de Guatemala enfrenta una presión creciente sobre sus reservas de agua. Un estudio del Instituto Biosfera advierte que la extracción sostenida está superando la capacidad natural de recuperación de los acuíferos.
El agua subterránea se ha convertido en la principal fuente de abastecimiento para aproximadamente 4 millones de personas, equivalentes a cerca del 20% de la población del país, según los datos citados por el instituto.
El deterioro se arrastra desde hace décadas. Entre 1975 y 2025, los acuíferos metropolitanos perdieron cerca del 30% del agua que tenían acumulada, mientras el nivel freático descendió en promedio 2,1 metros, de acuerdo con el estudio.
El escenario podría agravarse rápidamente. Si continúa el actual ritmo de explotación, para 2040 los acuíferos podrían estar vaciados en un 50% y entrar en una fase crítica con daños difíciles de revertir. Para 2060, el agotamiento podría alcanzar el 75%.
En algunos sectores la caída ya es mucho más pronunciada. Mixco, San Juan Sacatepéquez, San Pedro Sacatepéquez, Chinautla, San José Pinula y zonas de Guatemala registran descensos del agua subterránea superiores a 100 metros.
El problema no se explica únicamente por la cantidad de lluvia. El Instituto Biosfera señala que las precipitaciones se han mantenido alrededor de los 1.250 milímetros anuales durante los últimos 50 años, pero la expansión urbana y la impermeabilización del suelo dificultan que el agua llegue nuevamente a los depósitos subterráneos.
A esto se suman las sequías asociadas a fenómenos como El Niño y una mayor concentración de precipitaciones en episodios extremos. El informe advierte que los años secos podrían profundizar la escasez e incluso aumentar la presión sobre ecosistemas como el Lago de Amatitlán.
El Instituto Biosfera considera que la sobreexplotación, la reducción de las zonas de recarga y las deficiencias en la gestión del recurso amenazan la seguridad hídrica de una de las áreas urbanas más importantes de Centroamérica. El organismo plantea una gestión coordinada entre autoridades, sector privado y sociedad para frenar el deterioro antes de que el agotamiento sea mucho más difícil y costoso de revertir.
