Guatemala obligará a empresas con madres en período de lactancia a habilitar salas para amamantar

El dictamen unificado incorpora al sector privado, define estándares mínimos para las salas de lactancia y busca garantizar el derecho de las madres a amamantar o extraer leche durante la jornada laboral.

Los lugares de trabajo tendrán espacios para mujeres lactantes.

La Comisión de la Mujer del Congreso de Guatemala emitió un dictamen favorable que unifica tres iniciativas de ley para fortalecer la protección de la lactancia materna, una propuesta que ahora incorpora al sector empresarial tras los consensos alcanzados entre diputados. La iniciativa busca garantizar espacios adecuados tanto en instituciones públicas como en empresas privadas.

Uno de los cambios más relevantes establece que las compañías deberán habilitar un espacio de lactancia cuando cuenten con al menos una trabajadora en período de lactancia, una modificación que permitió destrabar el debate luego de que una propuesta similar fuera rechazada en febrero por diferencias sobre el alcance de las obligaciones para el sector privado.

El proyecto también reconoce como un derecho la lactancia materna en espacios públicos, en áreas específicas destinadas para ese fin y sin restricciones que limiten el ejercicio de ese derecho. Además, las salas para amamantar o extraer leche deberán ser independientes de los sanitarios, no podrán instalarse en baños ni bodegas y tendrán que garantizar privacidad, higiene, ventilación, iluminación y condiciones seguras para conservar la leche materna.

Salud Pública supervisará

La supervisión de estas medidas recaerá en los ministerios de Salud Pública y de Trabajo, que deberán brindar asesoría y verificar el cumplimiento de la normativa. Por su parte, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) será responsable de proporcionar el equipo necesario para la extracción y almacenamiento de leche a las trabajadoras afiliadas.

La idea de la exigencia es mejorar las condiciones de las mujeres que son madres.

La propuesta también obliga a las entidades del Estado, incluyendo instituciones centralizadas, descentralizadas, autónomas y aquellas que reciben fondos públicos, a realizar los ajustes administrativos y presupuestarios necesarios para implementar estos espacios, alineándose con las recomendaciones internacionales sobre protección de la maternidad y salud infantil.

La diputada Mercedes Monzón destacó que el consenso alcanzado permite equilibrar la participación del sector empresarial con la garantía de condiciones dignas para las madres trabajadoras.

La presidenta de la comisión, Carolina Orellana, afirmó que la protección de la lactancia requiere el compromiso conjunto del Estado, los empleadores, los servicios de salud y la sociedad. El Congreso prevé conocer la iniciativa en primer debate durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora en los primeros días de agosto.

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