La Procuraduría General de la Nación (PGN) de Guatemala informó que más de 60 menores pertenecientes a la comunidad Lev Tahor han sido reubicados con recursos familiares idóneos, mientras continúan los procesos legales para resolver la situación de otros 110 niños y adolescentes.
El procurador general de la Nación, Julio Saavedra, confirmó que los menores reubicados han sido acogidos por familiares o tutores considerados aptos para garantizar su bienestar.
“Se trata de un proceso cuidadoso y supervisado, con prioridad en la protección integral de los derechos de la niñez”, afirmó.
Las acciones forman parte de un operativo legal y de protección iniciado contra la secta Lev Tahor, una comunidad ultraortodoxa judía señalada por presuntos abusos, matrimonios forzados y condiciones de vida que vulneran los derechos de los menores.
Lucrecia Prera, jefa de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, explicó que se han agrupado los casos en al menos 49 carpetas judiciales para agilizar las audiencias en los tribunales de Niñez y Adolescencia. “Muchos de los expedientes incluyen a grupos de hermanos, lo que ha permitido avanzar de forma más organizada”, detalló.
En las últimas semanas, la PGN también logró rescatar a 13 menores adicionales, incluidos 2 adolescentes embarazadas. Estos rescates, según autoridades, se han realizado en coordinación con otras instituciones nacionales e internacionales.
Sin embargo, Prera indicó que, hasta ahora, no se ha podido comprobar que los padres de los menores sean recursos familiares idóneos.
“Ante esta situación, la PGN no descarta la posibilidad de buscar refugio para los niños y adolescentes en el extranjero, siempre velando por su interés superior y bajo estándares internacionales de protección”, dijo.
La situación de la secta Lev Tahor en Guatemala ha llamado la atención de organismos internacionales de derechos humanos y ha puesto bajo escrutinio la capacidad del Estado para actuar ante dinámicas familiares cerradas y estructuras religiosas que operan al margen de la ley.
El proceso judicial continúa y las autoridades aseguran que su prioridad sigue siendo la protección física y emocional de los menores, muchos de los cuales han vivido bajo aislamiento y restricciones extremas impuestas por los líderes del grupo.
