El gobierno guatemalteco confirmó que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala será el encargado de construir una nueva prisión de máxima seguridad con capacidad para 2,000 mil reclusos. El proyecto, valorado en más de 1,400 millones de quetzales (equivalentes a unos $180 millones), deberá completarse en el plazo de un año.
El viceministro de Defensa, José Giovani Martínez, aseguró que los planos del penal ya están listos y que se realizaron estudios sobre cárceles de Alemania, Chile e Italia. “La de Alemania es una de las que está en funcionamiento actualmente”, explicó el funcionario al Congreso. Además, detalló que el proyecto podría iniciar una vez el Ministerio de Finanzas autorice los fondos.
Para la primera fase de la obra se necesitan 450 millones de quetzales (unos $58 millones). Sin embargo, aún no existe una solicitud formal de traslado presupuestario, según confirmaron los ministerios de Gobernación y Finanzas. El total de 1,400 millones de dólares ($180 millones) cubrirá únicamente la obra gris. El equipamiento quedará a cargo del Sistema Penitenciario y del Ministerio de Gobernación.
El nuevo penal tendrá capacidad para dos mil privados de libertad y contará con un diseño que impida el contacto entre guardias y reclusos, una característica inspirada en prisiones europeas. Martínez subrayó que el modelo guatemalteco será superior al del Cecot. Este centro es el polémico centro de confinamiento de máxima seguridad inaugurado por Nayib Bukele en El Salvador.
El proyecto contempla la contratación de más de mil trabajadores, incluidos ingenieros y técnicos del Ejército. “Ya se ubicó el terreno; faltan los estudios de suelo para comenzar la construcción del penal”, explicó el viceministro, quien confía en cumplir el plazo de un año tras la asignación presupuestaria.
El anuncio forma parte de la promesa del presidente Arévalo de reformar el sistema carcelario y evitar que los penales sigan siendo “universidades del crimen”. La nueva infraestructura se sumará a otros esfuerzos de modernización, como el penal Renovación 1. Este fue inaugurado durante la gestión anterior, pero luego tomado por pandilleros.
Paralelamente, el Congreso aprobó la Ley Antipandillas, que también prevé la creación de una cárcel de máxima seguridad. Mientras tanto, otro proyecto pendiente, el penal de Masagua, Escuintla, impulsado desde el gobierno de Giammattei, sigue detenido por problemas administrativos y de financiamiento.
