El gobierno de Guatemala puso en marcha un registro biométrico en las cárceles del país como parte de una ofensiva para modernizar el sistema penitenciario y recuperar el control institucional, tras la fuga de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 del penal de Fraijanes II, ocurrida en octubre. A la fecha, 15 de esos pandilleros continúan prófugos.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que esta acción es parte de la estrategia iniciada en la Granja Penal Cantel, en Quetzaltenango, un centro al que no se ingresaba desde hacía seis años. “Retomamos espacios que estaban bajo control criminal”, sostuvo el funcionario.
Según las autoridades, la implementación del enrolamiento biométrico se realiza con dispositivos MI3, que permiten validar la identidad de los reclusos a través de huellas dactilares y fotografías, garantizando un conteo preciso y evitando suplantaciones.
El sector 11 del Centro de Detención Preventiva para Hombres, en la zona 18 de la capital, se convirtió en el el quinto centro en aplicar este mecanismo. Durante la intervención también se requisaron áreas clave para ubicar objetos prohibidos, como teléfonos, armas hechizas y animales domésticos.
El Ministerio de Gobernación detalló que el registro permitirá construir una base de datos única, actualizada y depurada de la población penitenciaria, mejorando la planificación de espacios, reduciendo el hacinamiento y eliminando privilegios irregulares dentro de las cárceles.
Mario Mérida, coronel retirado y experto en seguridad, indicó que esta herramienta facilitará conocer con exactitud el número de internos y las condiciones en que se encuentran, lo que derivará en una “mejor vigilancia” y mayor orden institucional. Por su parte, el analista Francisco Girón aseguró que “existe una verdadera intención de cambio” en la nueva administración.
El Ministerio de Gobernación prevé que el registro biométrico también contribuirá a actualizar la información sobre condenas, fechas de ingreso y egreso, lo cual será clave para tomar decisiones más ágiles en materia judicial y administrativa.
