La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala acumuló un rezago de aproximadamente 800 solicitudes de allanamiento que no fueron ejecutadas por la falta de coordinación con el Ministerio Público (MP), según afirmó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. El funcionario sostuvo que esa situación limitó la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad frente al avance de la criminalidad.
Durante una citación en el Congreso, Villeda señaló que la escasa comunicación con el MP, encabezado por la fiscal general María Consuelo Porras, provocó que también quedaran pendientes solicitudes de órdenes de captura. A su juicio, ese atraso redujo la capacidad de reacción de la PNC en investigaciones y operativos.
El ministro explicó que la estrategia de seguridad debe adaptarse constantemente a la evolución de los fenómenos delictivos y aseguró que mantener diligencias pendientes durante largos períodos afecta la eficacia de las operaciones policiales. Sin embargo, no precisó en qué período se acumuló el rezago ni qué estructuras criminales se vieron beneficiadas por la demora.
Villeda también reconoció que la PNC enfrenta problemas estructurales que van más allá de la coordinación interinstitucional. Indicó que muchas comisarías continúan en condiciones precarias, aunque aseguró que durante los últimos dos años se han remodelado unas 60 sedes policiales y que otras cuatro serán inauguradas antes de finalizar el período de gobierno.
Crisis en puerta
Otro de los desafíos señalados por el funcionario es el estado de la flota policial. Según detalló, la institución se encuentra cerca de enfrentar una crisis de movilidad debido a la falta de renovación de patrullas desde 2019. El director general de la PNC, David Custodio Boteo, informó que actualmente hay 4.855 patrullas en circulación, mientras 5.021 permanecen fuera de servicio, una cifra que refleja el deterioro del parque vehicular.
Para enfrentar ese escenario, el Ministerio de Gobernación confirmó que ya fue adjudicada la compra del primer lote de 1.000 nuevas patrullas. Además, Villeda reveló que un proceso para adquirir otras 1.000 motocicletas fue cancelado luego de detectar irregularidades administrativas y técnicas, decisión que, aseguró, tomó personalmente para garantizar la transparencia de la licitación.
