El presidente José Raúl Mulino anunció este viernes la creación de una comisión de alto nivel con el objetivo de trazar un plan de acción frente a la creciente crisis social, laboral y económica en la provincia de Bocas del Toro, luego de semanas de protestas y el despido masivo de 4,800 trabajadores por parte de Chiquita Panamá.
La decisión del Ejecutivo surge tras la declaración de ilegalidad de la huelga del sector bananero por parte del Juzgado de Trabajo de la Quinta Sección de Changuinola, que abrió el camino para que la empresa estadounidense terminara los contratos de miles de trabajadores por abandono injustificado de labores desde el pasado 28 de abril.
Según un comunicado oficial, la nueva comisión evaluará incluso la posibilidad de declarar un estado de emergencia en la provincia, una medida que podría definirse en la próxima reunión del Consejo de Gabinete, dependiendo de los hallazgos y recomendaciones de los funcionarios involucrados.
La comisión está conformada por 6 altos funcionarios del gobierno: el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz; el titular de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; el ministro de Salud, Fernando Boyd; y la administradora de Turismo, Gloria De León Zubieta.
Chiquita formaliza despidos y cuantifica pérdidas millonarias
En paralelo, Chiquita Panamá comunicó oficialmente la finalización de contratos laborales para sus trabajadores diarios, argumentando pérdidas estimadas en más de $75 millones y daños “irreversibles” en sus operaciones debido al prolongado paro laboral.
La empresa indicó que los exempleados podrán acercarse a partir de este 23 de mayo a la Oficina de Empalme para recibir su liquidación, la cual se procesará en cumplimiento con la legislación laboral vigente y de forma individual mediante cheques nominativos.
Chiquita aseguró que intentó reiteradamente reanudar el diálogo con los trabajadores durante las semanas previas, sin éxito. El abandono de las fincas, señalan, afectó no solo a la producción sino también a la cadena de distribución y a cientos de familias que dependen del sector bananero.
Persisten tensiones con el sindicato a pesar de avances en negociación
En medio del conflicto, los ministros Julio Moltó y Jackeline Muñoz sostuvieron una reunión con Francisco Smith, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano Agropecuario y Empresas Afines (Sitraibana), para discutir una propuesta del Ejecutivo que busca modificar la Ley 45 de 2017, que regula aspectos laborales en este sector.
Pese a que la propuesta recibió el aval del sindicato, las acciones de protesta continúan. Smith indicó que las manifestaciones ahora se realizarán de forma intermitente para permitir el flujo vehicular, pero no cesarán hasta que el proyecto sea presentado y aprobado por la Asamblea Nacional.
Por su parte, la ministra Muñoz subrayó que la reforma se centra especialmente en mejorar las condiciones de salud y trabajo de los bananeros y mujeres del sector, sin entrar en mayores detalles sobre los artículos modificados.