El Gobierno de Guatemala asumió oficialmente el control total de la autopista Palín-Escuintla, tras finalizar el proceso de entrega por parte de la empresa concesionaria Marhnos. Así lo anunció el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz Bobadilla, durante una comparecencia en el Congreso este 31 de julio.
El tramo vial de 28 kilómetros ahora está bajo administración completa del Estado, aunque aún se coordinan aspectos técnicos con la empresa saliente. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) estudia reinstaurar el cobro por uso de la autopista, aunque bajo una nueva modalidad que podría incluir básculas para controlar el tránsito de carga pesada.
Díaz Bobadilla explicó que el exceso de peso en algunos vehículos representa una amenaza para la durabilidad del asfalto, por lo que sería necesario un sistema que regule el paso de transporte pesado. Mientras se concluye ese análisis, el Gobierno ejecuta labores de limpieza y mantenimiento en el arriate central y en los taludes laterales del tramo.
Fin de la concesión y transición
La autopista fue concesionada en 1997 a Marhnos S.A. por un período de 25 años. El contrato concluyó el 30 de abril de 2023, y desde el 1 de mayo la carretera pasó a ser administrada por el CIV. Según lo estipulado, la empresa debía entregar el tramo en condiciones óptimas, con al menos cinco meses de mantenimiento posterior.
Sin embargo, en enero de 2024, la entonces ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, suspendió la entrega formal debido a incumplimientos en los términos contractuales. Durante el proceso de transición, Marhnos invirtió alrededor de Q96 millones en obras de mejora y señalización.
Hundimiento y daños recientes
El pasado 13 de junio, la autopista Palín-Escuintla registró un colapso en el kilómetro 44 de la ruta CA‑9 Sur. El hundimiento, causado por la obstrucción del sistema de drenaje tras fuertes lluvias, generó un socavón de hasta 12 metros de profundidad. Tres carriles en dirección norte fueron cerrados temporalmente para prevenir accidentes.
El Gobierno busca ahora asegurar el mantenimiento constante del tramo y proteger la infraestructura frente a futuras emergencias, mientras evalúa el mecanismo más adecuado para financiar su operación.
