El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo arremetió contra el juez séptimo penal de la capital, el cuestionado Fredy Orellana y lo llamó nuevamente corrupto, después que el funcionario judicial ordenó la prisión preventiva contra Ligia Hernández, acusada de fiscalización electoral de fondos y financiamiento electoral no registrado.
“Un juez corrupto ordenó llevar a Ligia Hernández a prisión preventiva. Esto es un ataque más a nuestro gobierno, perpetrado por una minoría corrupta que quiere evitar un cambio incontenible en Guatemala”, publicó este viernes en su cuenta en X el mandatario.
Aprovechó para hacer un llamado a los legisladores para cambiar la ley que rige al Ministerio Público y poder destituir a la fiscal general, Consuelo Porras.
Un juez corrupto ordenó llevar a Ligia Hernández a prisión preventiva.
Esto es un ataque más a nuestro gobierno, perpetrado por una minoría corrupta que quiere evitar un cambio incontenible en Guatemala.
Diputados, ejerzan su derecho a cambiar la historia de este país y…
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) August 16, 2024
Porras, sus principales ayudantes y el juez Orellana están sancionados por Estados Unidos y varios países más, por considerarlos corruptos y antidemocráticos.
“Diputados, ejerzan su derecho a cambiar la historia de este país y aprueben las reformas al artículo 14 de la Ley Orgánica del MP. Este ciclo oscuro va a terminar”, sentenció el presidente.
En una audiencia este viernes, el juez séptimo penal ordenó su detención provisional hasta el 9 de diciembre.
En esa fecha se desarrollará la audiencia intermedia por el caso promovido por el Ministerio Público en el caso Corrupción Semilla, una querella legal impulsada por la fiscalía en contra del partido oficialista por la presunta formación “ilegal” del mismo.
La funcionaria, una exdiputada, fue recluida en las celdas del cuartel Matamoros, en la capital.
Según las acusaciones, Hernández estaría involucrada en el manejo irregular de fondos de campaña electoral y en el financiamiento no registrado durante las elecciones pasadas.
La acusada y su defensa rechazan las imputaciones.
Diferentes funcionarios le han mostrado su apoyo desde que fue detenida, el martes pasado.
Estados Unidos condenó su detención y consideró que “es un ejemplo flagrante de la continua instrumentalización del sistema judicial por parte del Ministerio Público de Guatemala”.
