La Fuerza Pública de Costa Rica ha intensificado sus operativos en la región de Crucitas, en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela, logrando la detención de 38 mineros artesanales provenientes de Nicaragua en lo que va del año.
Estas acciones buscan frenar las actividades de minería ilegal y el ingreso irregular de personas a este territorio cercano a la frontera norte del país.
La mina de Crucitas, ubicada a pocos kilómetros de la frontera con Nicaragua, ha sido objeto de disputas y controversias desde que se declarara de interés público en 2008 para un proyecto minero que posteriormente fue cancelado en 2010 por un fallo judicial que prohibió la explotación a cielo abierto.
Desde entonces, el área se ha convertido en un punto crítico para la minería ilegal, principalmente ejecutada por mineros irregulares conocidos como “coligalleros”.
Las autoridades informaron que, de los 38 detenidos este año, 20 fueron sorprendidos mientras realizaban labores de extracción ilegal en sectores como Cerro Fortuna, finca Doble A, cerro Coyote y el Pantano.
Estas áreas han sido identificadas como puntos de alta actividad minera, donde se han decomisado herramientas utilizadas para la extracción de material aurífero.
“De esos 38 mineros ilegales, 20 fueron puestos a la orden de la Fiscalía de Flagrancia de San Carlos, pues fueron sorprendidos mientras estaban efectuando labores de minería ilegal”, detallaron fuentes de la Fuerza Pública.
Los otros 18, quienes merodeaban o se dirigían a los sitios de extracción, fueron entregados a la Dirección General de Migración por su condición irregular en el país.
Las operaciones en Crucitas reflejan una problemática compleja que combina el impacto ambiental, la ilegalidad y las tensiones migratorias.
El ministro de Seguridad Pública ha reiterado en diversas ocasiones que las acciones policiales buscan “preservar los recursos naturales y garantizar la seguridad en las comunidades afectadas”.
Antecedentes de Crucitas
Crucitas ganó notoriedad a finales de la década de 2000 cuando la empresa canadiense Infinito Gold recibió permiso para explotar oro en la zona.
Sin embargo, en 2010 la Sala Constitucional anuló la concesión debido a irregularidades y riesgos ambientales.
Desde entonces, la ausencia de regulación y vigilancia constante ha facilitado que mineros artesanales, en su mayoría nicaragüenses en situación de pobreza, ingresen para extraer oro ilegalmente, generando daños significativos al ecosistema.
La situación se agrava por la proximidad de Crucitas a la frontera con Nicaragua, lo que facilita el flujo migratorio irregular.
En este contexto, las autoridades costarricenses han señalado que continuarán con los operativos en la región para controlar esta problemática.
El impacto de la minería ilegal en Crucitas sigue siendo un desafío de gran escala, tanto para las autoridades como para las comunidades cercanas que enfrentan los riesgos sociales y ambientales asociados a esta actividad
