La Fiscalía panameña allanó la tarde del jueves tres oficinas de la empresa china Panama Ports Company (PPC) por indicios del supuesto cometimiento de ilícitos. El Ministerio Público indicó que recibieron avisos de posibles delitos e iniciaron una investigación de oficio.
El fiscal encargado, Azael Samaniego, dijo a medios de comunicación que inicialmente el allanamiento se realizó en dos oficinas, pero que se extendió a una tercera, donde decomisaron documentos e información que serán sometidos a pericias fiscales.
Samaniego no quiso informar sobre los posibles delitos cometidos y se negó a informar a quién pertenecían los documentos que incautaron durante los procedimientos. Dijo que al recibir el aviso de cualquier delito, su obligación es iniciar con las pericias correspondientes.
“Tenemos información por parte de los brazos auxiliares de la posibilidad de la comisión de un ilícito, nosotros como Procuraduría General de la Nación estamos obligados, cuando tenemos conocimiento de la posible comisión de un hecho ilícito debemos generar las pesquisas correspondientes” dijo Samaniego a periodistas luego de los allanamientos.
El fiscal se comprometió a decir a quienes pertenece la información y documentos decomisados según la investigación le vaya indicando. Samaniego dijo también que investigarán quiénes son los dueños de las instalaciones que allanaron.
PPC es una subsidiaria de CK Hutchison, un conglomerado empresarial chino, con sede en Hong Kong y considerado uno de los mayores operadores portuarios del mundo, con 53 puertos en 24 países.
Aunque los periodistas insistieron en conocer si la investigación es contra PPC, por ser sus instalaciones, el fiscal sostuvo que no estaba “en capacidad de manifestar que se trate de una persona natural o jurídica”. Las instalaciones quedaron bajo resguardo del Ministerio Público, con cintas de control de movimiento.
Las oficinas allanadas se encuentran ubicadas en “Terrazas de Albrook”, una moderna plaza comercial y de oficinas de cinco niveles en la capital panameña.
Este procedimiento judicial se realiza a días de que entrara en vigencia el decreto que oficializa la inconstitucionalidad contra el contrato suscrito por Panamá con PPC hace unos 29 años y que el gobierno panameño tomara posesión de los puertos Balboa y Cristóbal, que estuvieron concesionados a la empresa china.
La inconstitucionalidad y las amenazas del Gobierno chino contra Panamá iniciaron luego que una auditoría revelara que Panamá tuvo perdidas de $1,200 millones que no fueron entregados por la empresa y que también hubo perdidas fiscales por $349 millones debido a exenciones tributarias en la administración y operación de los puertos Balboa y Cristóbal.
