La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó una condena de 396 años de prisión contra el extesorero del Banco Nacional de Costa Rica, Ricardo Olivas Valle, acusado de sustraer ¢3,293 millones, equivalentes a aproximadamente $7.2 millones, de las bóvedas de la entidad financiera.
La petición fue presentada por el fiscal Carlos Benítez ante el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública del II Circuito Judicial de San José, durante la etapa de conclusiones del proceso judicial conocido como “Gallo Tapado”.
El Ministerio Público atribuye al exfuncionario 33 delitos de peculado, uno por cada hecho documentado de sustracción de dinero ocurrido entre enero de 2021 y octubre de 2023, cuando Olivas se desempeñaba como tesorero del Centro Interno de Procesamiento de Efectivo (CIPE) del Banco Nacional.
Durante su exposición, el fiscal sostuvo que el acusado actuó de manera dolosa y con pleno conocimiento de que los fondos pertenecían a la institución bancaria.
“Es claro que a don Ricardo no lo acompañaba ningún tipo de justificación para la sustracción y en delito de peculado se castiga la violación al deber de probidad del funcionario”, afirmó.
La investigación determinó que el extesorero aprovechó un punto ciego en el sistema de videovigilancia para extraer fajos de billetes que colocaba en sobres de manila. Posteriormente, salía caminando con el dinero a través de las esclusas y puestos de seguridad del banco sin ser detectado, generando uno de los mayores desfalcos registrados en la historia del país.
Benítez señaló que, aunque el Banco Nacional debía contar con mecanismos de control, ello no exime la responsabilidad del acusado.
“La entidad bancaria no está pensando que todos sus empleados le van a robar dinero”, indicó el fiscal, quien además aseguró que “estamos ante el robo más grande sucedido en este país, está el top 5 a nivel latinoamericano”.
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Durante el juicio, la defensa intentó justificar la conducta del imputado alegando un problema de ludopatía. Sin embargo, la Fiscalía cuestionó ese argumento y afirmó que la estrategia fue modificada durante el proceso.
“Ahora, la defensa busca otra cosa; por eso abandonaron la teoría de la ludopatía”, manifestó Benítez.
Las pesquisas del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concluyeron que Olivas utilizó gran parte del dinero sustraído para comprar billetes de lotería y participar en distintos juegos de azar.
Esa circunstancia dio origen al nombre del expediente “Gallo Tapado”, una expresión popular utilizada en Costa Rica cuando una persona compra lotería sin escoger un número específico. El acusado permanece en prisión preventiva desde noviembre de 2023.
