El exdiputado y excandidato presidencial costarricense Fabricio Alvarado regresó a Costa Rica el pasado viernes en medio de investigaciones judiciales por delitos sexuales denunciados por dos mujeres ante la Fiscalía General.
El también exaspirante presidencial del Partido Nueva República (PNR) fue citado el martes 12 de mayo a las 8:00 de la mañana para una declaración indagatoria, procedimiento mediante el cual el Ministerio Público le notificará formalmente los expedientes abiertos en su contra y las pruebas recopiladas durante la investigación.
Los abogados de las denunciantes solicitaron desde la semana pasada la imposición de medidas cautelares contra el exlegislador, entre ellas impedimento de salida del país, arresto domiciliario con monitoreo electrónico y restricciones de acercamiento hacia las presuntas víctimas.
David Delgado, abogado de la exdiputada Marulin Azofeifa, una de las denunciantes, aseguró que esperan que la Fiscalía solicite medidas preventivas ante un juez.
“Es una citación donde se le pondrá en conocimiento del expediente, de todas las pruebas que hay y él tendría la oportunidad de defenderse”, dijo Delgado.
“Esperamos que el Ministerio Público sea el que solicite a un juez una prohibición de salida del país, que Fabricio Alvarado entrega su pasaporte, y que se dicten medidas de aseguramiento para que no se acerque a las ofendidas, no perturbe a las defendidas, y tampoco interfiera en el proceso de investigación ni interferir con los testigos de este proceso”, agregó el abogado de Azofeita.
Por su parte, Eric Ramos, abogado defensor de Fabricio Alvarado, sostuvo que su representado colaborará con las autoridades judiciales y cuestionó la exposición pública del caso por parte de la contraparte.
“En este caso no hay ninguna necesidad de mantener a don Fabricio con ningún tipo de medidas. Incluso antes de que don Fabricio haya sido llamado a la indagatoria por parte de la Fiscalía, él de manera voluntaria se presentó”, afirmó Ramos.
Fabricio Alvarado, quien fue candidato presidencial tres veces, dejó de ser diputado el pasado 1 de mayo, por lo que perdió la inmunidad parlamentaria que tenía como integrante de uno de los Supremos Poderes del Estado costarricense.
Con la pérdida del fuero, las investigaciones en su contra dejaron de estar bajo conocimiento exclusivo del fiscal general, Carlo Díaz, y pasaron a una fiscalía ordinaria encargada de continuar el proceso judicial.
