El fiscal Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), dijo que el Ministerio Públicoa investiga una “red de diputados” ligada a la corrupción que fue revelada por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
Santos señaló en una entrevista a la emisora HRN que las investigaciones podrían derivar en hasta 200 líneas de investigación, debido a la cantidad de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que estarían involucradas.
No obstante, indicó que, por el momento, sólo en la red de diputados existen 35 líneas de investigación “que se están documentando”, las cuales, según los análisis realizados junto a la Maccih, apuntan a la implicación de entre 360 y 380 personas.
De acuerdo con el fiscal, más de 200 diputados, tanto titulares como suplentes, que han ocupado distintas administraciones en el Congreso Nacional estarían ligados a esta red. Sin embargo, Santos evitó detallar cuántos requerimientos fiscales podrían ser presentados contra los congresistas y excongresistas implicados.
¿Persecución política?
Ante los señalamientos de algunos investigados sobre una presunta persecución política, Santos desestimó esta acusación, calificándola como una estrategia de defensa. “Lo que pasa es que los investigados deben tener una estrategia, y la única que han adoptado hasta ahora es decir que se trata de persecución política”, expresó.
El fiscal explicó que los diputados involucrados en la red solicitaban un millón de lempiras (unod $39,547) a cambio de otorgar los fondos a las ONG para ejecutar proyectos, aunque la ley establece que no debían involucrarse en la ejecución de los mismos.
Sin embargo, en vez de destinarse a los proyectos sociales, el dinero era depositado en las cuentas personales de los diputados.
El uso indebido de fondos de proyectos sociales
Santos cuestionó el destino final de los recursos asignados a los proyectos sociales, señalando que, en lugar de beneficiar a la población, estos fondos fueron utilizados para enriquecer a los implicados.
“¿Por qué les depositaban estos fondos en sus cuentas? ¿Por qué pagaban sus tarjetas de crédito? ¿Por qué compraban vehículos?”, planteó.
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— InformaTVX (@InformaTVX) November 29, 2024
El fiscal detalló que, en algunos casos, los imputados gastaron los fondos de proyectos sociales en bienes personales, e incluso en situaciones privadas.
“Algunos los gastaron en muchas cosas, uno incluso había sacado a una persona de una casa de citas y la había llevado a un apartamento, pagado con estos subsidios”, relató. Además, mencionó que algunos pagaron hipotecas, compraron vehículos, y usaron los fondos para gastos personales de sus familiares.
El desvío de fondos y el perjuicio social
Santos destacó la gravedad del desvío de fondos públicos, ya que varios proyectos sociales que podrían haber beneficiado a la población nunca se ejecutaron debido a que los diputados implicados priorizaron su enriquecimiento personal.
“El diputado quería enriquecerse más de lo que realmente era, y por eso esos proyectos no se ejecutaron”, afirmó.
La Maccih reveló en su momento que los excongresistas involucrados en la Red de Diputados crearon ONG para desviar millones de lempiras entre 2013 y 2017.
Estos recursos provenían de los llamados Fondos Departamentales, destinados a proyectos sociales del Congreso Nacional.
Los acusados solicitaban dinero al Poder Ejecutivo para ejecutar proyectos, pero, en realidad, los fondos eran utilizados para beneficios personales, incluido el financiamiento de campañas políticas.
Las investigaciones apuntan a que los acusados ejecutaron una mínima parte de los fondos, mientras que el resto fue desviado para cubrir gastos personales, enriquecerse y financiar sus aspiraciones políticas.
