Los cuestionados Fredy Orellana, juez penal, y Rafael Curruchiche, fiscal contra la impunidad, retomaron este martes sus roles de inquisidores judiciales y arremetieron en un nuevo capítulo contra la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala, Blanca Alfaro, y le abrirían una nueva investigación por presunta obstrucción de justicia.
Curruchiche, señalado de corrupto y antidemocrático por el presidente Bernardo Arévalo y por Estados Unidos, pidió a Orellana, aliado del Ministerio Público, que ordenara el inicio de las pesquisas contra la funcionaria electoral, después de llegar a un tribunal en donde llevaban un caso contra empleados del TSE.
Orellana accedió a la solicitud y esto conlleva a la solicitud del retiro de su inmunidad para ser investigada.
“Como máxima autoridad del ente electoral, no sabemos cuáles son los alcances de ese apoyo que vino a externar a las afueras de este juzgado o si este apoyo será ilimitado aún por encima de ley o la justicia. El ente investigador a través de esta representación solicita que se certifique lo conducente”, dijo la fiscal Eugenia Morales.
El juez le dio luz verde y el Ministerio Público presentará una solicitud de antejuicio contra Alfaro.
Los empleados del TSE que fueron ligados a un proceso judicial están relacionados, según la acusación, en el presunto caso de fraude del Movimiento Semilla, el partido de Arévalo. Los acusan de incumplimiento de deberes.
Curruchiche, Orellana y la fiscal general, Consuelo Porras, encabezan la persecución judicial contra actores electorales y atentaron contra la toma de posesión del nuevo mandatario.