Un grupo de más de 12 familias de migrantes venezolanos detenidos en El Salvador tras ser expulsados de Estados Unidos presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando su liberación inmediata por supuestas violaciones a los derechos humanos.
La denuncia, promovida por una coalición de cuatro organizaciones estadounidenses, pide a la CIDH emitir una medida de emergencia contra el Gobierno salvadoreño por la “detención ilegal de cientos de personas transferidas de manera forzosa e irregular” a territorio salvadoreño.
En marzo pasado, más de 230 migrantes, en su mayoría venezolanos, fueron trasladados desde EE.UU. hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel impulsada por el presidente Nayib Bukele, donde se han documentado múltiples denuncias por abusos a los derechos humanos.
La administración de Donald Trump justificó los traslados acusando a los migrantes de pertenecer al Tren de Aragua, una organización criminal que Washington designó como “grupo terrorista”. No obstante, informes como el de Bloomberg indican que el 90 % de los detenidos no tiene antecedentes penales.
Según el escrito, los migrantes permanecen incomunicados desde hace más de dos meses. La demanda exige que El Salvador cumpla con sus compromisos legales internacionales y colabore con EE.UU. para liberar a los detenidos.
“Esto es un fracaso moral y legal de dos Gobiernos y una emergencia de derechos humanos que exige atención global,” denunció Bella Mosselmans, directora del Consejo Global de Litigio Estratégico (GSLC), una de las entidades que presentó la demanda.
Mosselmans también acusó a ambos Gobiernos de conspirar para “despojar a cientos de personas de sus derechos y su libertad”, calificando los traslados como “desapariciones forzadas aprobadas por el Estado” que, según dijo, “deben terminar ahora”.
El acuerdo que permitió el envío de migrantes al CECOT incluye un pago anual de $6 millones de parte de Estados Unidos a El Salvador, aunque no se conocen detalles específicos del convenio.
Mientras se resuelven varias demandas judiciales contra esta práctica, la Corte Suprema de EE.UU. ordenó la suspensión de nuevas expulsiones de migrantes al país centroamericano.
El Gobierno estadounidense defendió las deportaciones amparado en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, una legislación invocada históricamente en contextos de guerra, lo que ha desatado críticas de sectores demócratas y expertos constitucionalistas, quienes advierten de una posible crisis institucional.
