Las familias de diez comerciantes guatemaltecos desaparecidos en el estado mexicano de Chiapas hace dos años, demandaron un plan de investigación y denunciaron esta semana las secuelas emocionales, económicas y sociales que enfrentan desde la desaparición, y reiteraron su compromiso de seguir buscando a sus seres queridos.
“Solicitamos la presentación detallada del plan de investigación y de sus resultados concretos en la investigación de los hechos, identificación de los responsables y medidas implementadas para su sanción”, dijeron los familiares en un pronunciamiento público.
Los diez comerciantes eran originarios de Cuyotenango, Suchitepéquez, en la costa pacífica guatemalteca y salieron hacia la zona fronteriza el 13 de noviembre de 2023. Los familiares de los comerciantes los reportaron como desaparecidos en territorio de Chiapas, México, tres días después cuando estaban en la zona de Comalapa.
El pronunciamiento incluye una serie de exigencias dirigidas a los gobiernos de México y Guatemala, empezando por el fortalecimiento de la coordinación institucional y la continuación de reuniones bilaterales para conocer avances reales en la búsqueda e investigación del caso.
También demandan un plan de búsqueda integral, que incluya tanto hipótesis de vida como de muerte, con investigaciones en zonas de detención, reclutamiento forzado y rutas migratorias hacia Estados Unidos. Además, exigen que se considere la búsqueda transnacional dada la posibilidad de trata o tráfico de personas.
Las familias reclaman la presentación detallada del plan de investigación, así como resultados concretos y medidas para identificar y sancionar a los responsables de estos crímenes. También pidieron incorporar los perfiles genéticos recabados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en julio de 2025, como parte de una tercera toma de ADN realizada con acompañamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos.

El Estado mexicano reconoció recientemente la condición de víctimas a los desaparecidos y a sus familias. Sin embargo, los familiares exigen que esta condición se traduzca en acciones concretas que garanticen sus derechos, incluyendo visitas in situ en Guatemala para evaluar sus condiciones de vida, afectaciones psicosociales y de seguridad, con especial atención a menores, personas mayores y núcleos familiares vulnerables.
Los hombres, dedicados a la venta de pollos de crecimiento, fueron víctimas de desaparición forzada en una región marcada por el accionar del crimen organizado. A dos años del hecho, las familias continúan esperando información sobre su paradero y la identificación de los responsables.
Los desaparecidos son los ciudadanos guatemaltecos: Dan Josué Rosales Tzunún, Jorge Luis De León, Juan Carlos Calel de León, Luis Alberto Vásquez Sarat, Amilcar Isaac Enríquez Villatoro, Juan Francisco Tupul García, Julio César Vásquez Pérez, Leonardo Morales Álvarez, Mayco Josué Morga Enríquez y Francisco Socorro Morga De León.
“Tenemos esperanza y seguiremos luchando”, expresaron las familias. “Seguiremos buscando hasta encontrarles”, agregaron.







