El Ministerio Público de Panamá hizo efectiva este lunes 7 de julio la aprehensión de Bernardo “Nando” Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), en el marco de una investigación por enriquecimiento injustificado y otros posibles delitos contra la administración pública.
Meneses, quien dirigió el IFARHU entre julio de 2019 y febrero de 2023, está siendo investigado por presuntas irregularidades en la entrega de auxilios económicos durante su gestión.
Según la Fiscalía Anticorrupción, el exfuncionario habría autorizado más de $260 millones en ayudas entre 2019 y 2024, muchas sin mecanismos de control claros, beneficiando a familiares de políticos, funcionarios y figuras públicas vinculadas al oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Entre los beneficiarios señalados figuran Diego Ábrego Díaz (hijo del diputado Roberto Ábrego), Paola Testa Rodríguez (hija de la diputada Zulay Rodríguez) y María Alejandra Panay (hija de la actual viceministra de la Mujer). La Contraloría General y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) han seguido de cerca el caso, aunque hasta ahora solo se han recuperado $45,000 de los fondos otorgados.
La detención de Meneses ocurre tras la emisión de una orden de captura por parte del Ministerio Público, que lo investiga además por presunto peculado de uso, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y extralimitación de funciones.
Las pesquisas incluyen análisis de sus movimientos bancarios, donde se reportan depósitos de al menos 82 personas vinculadas a los auxilios.
Pese a las acusaciones, Meneses ha mantenido su inocencia y ha solicitado en varias ocasiones una audiencia de imputación para “responder de frente”. Su abogado, Ángel Álvarez, acusa al Ministerio Público de dilatar el proceso e insiste en que no hay pruebas suficientes. Meneses renunció al fuero penal electoral en marzo de 2024, tras su fallida candidatura a diputado por el circuito 13-1.
La aprehensión marca un punto clave en uno de los casos más polémicos de presunta corrupción en el sector educativo panameño. El Ministerio Público continuará con las diligencias para formalizar la imputación y avanzar en el proceso judicial.