En medio de disturbios, una ola vandálica sin precedentes y un clima de tensión creciente, abogados panameños alzaron la voz esta semana para denunciar detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y serias irregularidades legales cometidas durante la Operación Omega, el despliegue policial ejecutado desde el 14 de junio en la provincia de Bocas del Toro.
La medida, impulsada por el gobierno para contener las protestas contra la controvertida Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social, ha dejado más de 280 personas arrestadas bajo un estado de urgencia que suspendió varias garantías constitucionales.
Diversos juristas y organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre detenciones sin orden judicial, traslados sin notificación a familiares, incomunicación de los detenidos y obstáculos sistemáticos para ejercer el derecho a la defensa.
Esta noche, la Fuerza Pública llevó más que seguridad a Bocas del Toro: llevó esperanza. Acompañamos a los niños y sus familias, recordándoles que su ciudad se levanta con valentía, que no todo está perdido y que aún hay mucha gente buena con ganas de salir adelante. pic.twitter.com/mgmRSODTSb
— SENAFRONT PANAMÁ (@senafrontpanama) June 26, 2025
“Esta dispersión de detenidos en distintas provincias impide una defensa legal efectiva y genera incertidumbre sobre su paradero”, afirmó el abogado José Luis Santamaría, quien denunció que se le impidió ingresar a la estación de la ciudad de David, Chiriquí, donde constató la presencia de 74 personas privadas de libertad, entre ellas mujeres y menores. “Incluso si alguien hubiese cometido un delito, el proceso se puede invalidar si la detención fue ilegal”, advirtió.
La situación no es distinta en Veraguas, donde la abogada Lirieth Rodríguez reportó condiciones inhumanas para al menos 70 detenidos, incluidos testimonios de golpizas, tocamientos indebidos y uso de gas pimienta en espacios cerrados.
Anoche murió una niña de 1 año y 8 meses en Bocas del Toro por el presunto uso desmedido e irresponsable de la fuerza.
Han utilizado gases lacrimógenos directamente en viviendas, atentando contra la vida y derechos humanos de los panameños. Esto debe ser investigado de urgente. pic.twitter.com/SuBIO3gHLC
— Ale Brenes (@AlexandraBrene6) June 25, 2025
“Algunos fueron obligados a comer perdigones”, denunció. Ninguno había sido presentado ante una autoridad competente hasta el miércoles, y varios niegan haber participado en las protestas.
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo reconoció haber entrevistado a 169 detenidos, pero aún no ha emitido un pronunciamiento oficial. El abogado Gonzalo Mocada Luna, desde la capital, fue contundente:
“La suspensión del habeas corpus y la falta de información sobre los detenidos constituyen fallas graves del Estado”.
