El Salvador enfrenta un repunte preocupante de maltrato animal. Solo en tres meses, un refugio reportó la atención de 46 perros con gusano barrenador, una infección mortal, mientras en distintas zonas del país siguen apareciendo animales envenenados o atropellados. Organizaciones denuncian que el cierre del Instituto de Bienestar Animal (IBA), en marzo de este año, dejó sin control estatal la aplicación de la ley.
La Ley Especial de Protección y Bienestar Animal, vigente desde 2016, reconoce a los animales como seres vivos capaces de sentir dolor y establece multas y penas de prisión de hasta cuatro años por maltrato. Sin embargo, rescatistas aseguran que desde la desaparición del IBA no existe una entidad que reciba denuncias ni coordine acciones con las alcaldías o la Policía Nacional Civil.
El IBA, creado en 2021, contaba con la unidad policial Polipet, especializada en atender casos de crueldad animal. Su cierre fue ordenado tras denuncias contra el entonces director y exalcalde de Ilopango, José Chicas. Desde entonces, los rescatistas operan con fondos propios y denuncian que las alcaldías no han asumido su obligación de crear Unidades de Bienestar Animal, como exige la ley.
En departamentos como San Vicente y Ahuachapán, organizaciones reportan múltiples casos de envenenamiento y abandono. En una sola jornada, doce perros murieron envenenados cerca de oficinas distritales sin que se identificaran responsables. Los atropellos también son frecuentes y, según activistas, ninguna autoridad aplica sanciones a los conductores que arrollan animales.
A la crisis se suma la epidemia del gusano barrenador, que ha afectado a miles de animales domésticos. Solo el refugio “Échame una Pata”, en San Miguel, atendió a 46 perros infectados en tres meses, de los cuales siete murieron. El costo promedio de cada rescate ronda los 100 dólares, una cifra difícil de sostener para organizaciones que dependen de donaciones.
Rescatistas y veterinarios coinciden en la urgencia de reactivar una entidad estatal que supervise el cumplimiento de la ley y coordine esfuerzos entre municipios, policía y ministerios. A casi un año del cierre del IBA, El Salvador enfrenta un aumento sostenido de denuncias y una impunidad casi total ante el maltrato animal.
