Dos empresas de seguridad de la República Popular China estarían operando en tres países centroamericanos, según un estudio de dos reconocidos académicos estadounidenses que advierten de que muchos de los empleados de estas empresas tienen fuertes nexos con el Ejército Popular de Liberación (EPL) chino y trabajan de diversas formas.
Según el estudio “ Las empresas de seguridad chinas en América Latina: cómo operan y por qué hay que estar alerta”, identifica las operaciones en Centroamérica de la empresa Zhongbao Hua’an Security Company, que tiene “negocios de cooperación estratégica” en Panamá, El Salvador y Costa Rica.
Una segunda empresa de seguridad china, Tie Shen Bao Biao, operaría servicios de protección personal en Panamá.
Zhongbao Hua’an (Shanghai) Security Service Co., Ltd. fue fundada en 2010. La línea de negocio de la compañía incluye la prestación de servicios de detectives, guardias y automóviles blindados.
Ninguna de las dos empresas tienen registro de oficinas establecidas en El Salvador ni en Costa Rica.
El estudio fue realizado por el Dr. Evan Ellis, académico del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos y un reconocido experto en la relación China-América Latina. Su coautor es Leland Lazarus, Director Asociado de Investigación en el Instituto de Políticas Públicas Jack D. Gordon de la Universidad Internacional de Florida. Lazarus es también un experto técnico en las relaciones entre China y América Latina.
Los académicos calculan que en 2022 había unas 7.000 empresas chinas de seguridad privada, y que entre 20 y 40 de ellas operaban en el extranjero, hasta en 40 países.
“El alcance de las empresas chinas de seguridad privada es amplio, y abarca desde empresas que venden principalmente sistemas de vigilancia electrónica, pasando por consultoría, hasta el suministro de personal armado sobre el terreno para defender físicamente a personas y bienes chinos”, señala el estudio.
Los académicos citan los documentos políticos de la República Popular China, como el Libro Blanco de Política China-América Latina de 2016, el plan China-CELAC 2022-2024 y el Libro Blanco de febrero de 2023 sobre la “Iniciativa de Seguridad Global” de China, en el que reconocen el interés del gigante asiático en la cooperación multifacética en materia de seguridad con América Latina, pero guardan un notable silencio sobre la cuestión de las empresas de seguridad privadas.
El estudio advierte que “a medida que aumenten los intereses chinos en la región, es posible que sigan proliferando más compañías de seguridad chinas en la región y que regímenes autoritarios como Venezuela, Cuba y Nicaragua serían los más propensos a acoger a las empresas chinas del sector privado, junto con países con una gran diáspora china, como Perú y Panamá.
En el resto de América Latina
Aunque las empresas de seguridad privada con sede en China han mantenido un perfil bajo en América Latina y el Caribe, el estudio revela múltiples empresas chinas de seguridad privada que operan o buscan oportunidades en la región.
Citan como en Perú, China Security Technology Group tiene un memorando de cooperación con Grand Tai Peru, una empresa que proporciona seguridad en el sector minero. Beijing Dujie Security Technology Company, por ejemplo, tiene una oficina en Argentina, y China Overseas Security Group afirma haber realizado investigaciones sobre el terreno en busca de oportunidades en el país. Las empresas de seguridad chinas también operan en Uruguay y Venezuela, vinculadas al conglomerado Tie Shen Bao Biao, con sede en la RPC.
En México, el “Consejo de Seguridad México-Chino”, creado en 2012 por el antiguo funcionario del gobierno chino Feng Chengkang, tiene la misión de proteger de la violencia de las bandas al personal de las empresas chinas establecidas en México.
Un sitio web chino de contratación de personal anuncia oportunidades de trabajo relacionadas con la seguridad en América Latina para proyectos en Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina.
Problemas de empresas chinas
Según el estudio, las empresas de seguridad china han proliferado debido a la expansión de la implicación global de China y sus empresas en las dos últimas décadas ha generado la correspondiente necesidad de proteger las operaciones y el personal chinos en los entornos peligrosos en los que a veces operan.
Las empresas con sede en China han respondido a estos riesgos para sus operaciones en el extranjero mediante una combinación de trabajo con las autoridades locales y la contratación de empresas de seguridad privada.
“La proliferación de las empresas chinas de seguridad privada se ha basado en la presunción de que la familiaridad cultural, el idioma común y las relaciones con los compatriotas chinos proporcionarán a estas empresas una ventaja sobre las empresas chinas que necesiten protección”, dice el informe.
El estudio señala que en general, el despliegue chino de empresas de seguridad privada ha sido más amplio en Asia y, en menor medida, en África, donde su familiaridad con las prácticas culturales locales es mayor y los gobiernos locales son relativamente maleables.
“En los países más desarrollados y en América Latina y el Caribe, las empresas de seguridad privada se han visto más limitadas por su falta de experiencia, en competencia con empresas establecidas y bien dotadas de recursos con conocimientos para trabajar dentro (o alrededor) de las leyes locales”, señalan.
A pesar de estas limitaciones, la creciente presencia de empresas chinas en América Latina y los problemas de seguridad que han experimentado allí crean una demanda inherente de empresas chinas de seguridad privada.
Las empresas chinas que operan en los sectores del petróleo, la minería, la construcción y otros se han visto continuamente acosadas por problemas de seguridad y de ahí la necesidad de seguridad.
Algunos ejemplos destacados son la toma por manifestantes del control de un yacimiento petrolífero operado por China en noviembre de 2006 en Tarapoa (Ecuador), los ataques y la toma de rehenes chinos en el yacimiento petrolífero Emerald Energy en Colombia en 2011, la violencia habitual relacionada con protestas y actividades delictivas en las minas Shougang, Río Blanco y Las Bambas operadas por China en Perú, ataques que obligaron a Sinohydro a suspender la construcción de la presa Patuca III en Honduras, numerosas huelgas contra proyectos hidroeléctricos y de construcción de carreteras chinos en Bolivia y, más recientemente, la violencia que obligó a la empresa Zijin, con sede en la RPC, a cerrar sus operaciones en la mina de oro de Burtica y a Emerald Energy, de propiedad china, a suspender sus operaciones petrolíferas en Colombia en 2023, por nombrar solo algunos ejemplos.
“Con el actual deterioro de las condiciones económicas, el aumento de la violencia y las protestas sociales en toda América Latina, además de la creciente presencia de China en la región en el entorno posterior a la guerra de Chechenia, es probable que los problemas de seguridad para las operaciones de la República Popular China en la región sigan aumentando en un futuro próximo”, advierte el estudio.
Comisarías ilegales
Otro hecho que puntualiza el estudio es que China tiene supuestamente 14 puestos policiales avanzados en el extranjero en ocho países de América Latina, que forman parte de la red global china de más de 100 comisarías de policía en todo el mundo. Varias de ellas operan sin la aprobación de los gobiernos locales. Dado que algunas de estas agencias de seguridad chinas ya colaboran estrechamente con la policía china, las autoridades chinas podrían encargarles a ellos la captura de fugitivos como parte de sus iniciativas globales contra la delincuencia Fox Hunt y Sky Net.
Ellis y Lazarus señalan que muchos empleados de las empresas de seguridad con sede en China tienen antecedentes en el Ejército Popular de Liberación (EPL) u otros servicios de seguridad, y que las empresas orientadas a los sistemas de vigilancia están intrínsecamente vinculadas a la proliferación de arquitecturas digitales chinas en la región con datos accesibles por las empresas de China que los despliegan, y por el Estado chino a través de la ley de inteligencia nacional de China de 2017.
